La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado desistir de la licitación promovida para la nueva contratación del servicio municipal de grúa, así como emprender una nueva licitación, para este servicio actualmente gestionado por la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Talleres y Automóviles Diego y Tranfocar, cuya trayectoria ha estado marcada por un enquistado conflicto laboral.
Así figura en un acuerdo adoptado por la junta local de gobierno el pasado 27 de mayo y recogido por Europa Press, en el que se detalla que tras ser aprobada la licitación el pasado 12 de abril, con un plazo de presentación de ofertas que finalizaba el 6 de junio, a dicha fecha de finales de mayo no constaba "la presentación de oferta alguna".
"Teniendo en consideración las diversas consultas efectuadas en el procedimiento de licitación, así como los recursos en materia de contratación presentados ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, con el fin de facilitar la presentación de ofertas por los licitadores, se estima necesario clarificar y concretar la documentación que estos deben aportar", indica la resolución municipal, que acuerda desistir de esta licitación y emprender una nueva.
El comité de empresa, encabezado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), había avisado por cierto de un supuesto "amaño" en esta licitación, para que el servicio siguiese siendo gestionado por la actual UTE encargada del mismo. Según la representación sindical, los pliegos de esta licitación ahora cancelada "no salvaguardan la libre competencia".
Y es que "al suprimir" el requisito de grúas nuevas, "se pierde la mejor relación calidad-precio y se permite concurrir con 15 grúas con hasta un año de antigüedad y que ronden cada una los 100.000 kilómetros, y aún así, obtendrían la máxima puntuación; con el único objetivo de beneficiar a la actual concesionaria, cuyas grúas rondan el año de antigüedad".
Los pliegos, además, impedían según el Sppme "la posibilidad de presentar una declaración responsable, con el compromiso de comprar las 15 grúas,(como suele ser habitual), sustituyéndola por la obligación de tener 15 grúas matriculadas en el momento de la oferta, algo que atenta gravemente contra el libre acceso de las empresas a la licitación, porque ninguna empresa hace una inversión en grúas de un millón de euros sin garantía de la adjudicación".
"La actual concesionaria casualmente sí dispone de 15 grúas matriculadas, con independencia de que no cumplan ni por maniobrabilidad ni por capacidad de carga con el pliego", exponía la representación de la plantilla, anunciando que impugnaría los pliegos.
Ello, en un contexto en el que la plantilla ha protagonizado una convocatoria de paros parciales durante la Feria de Abril, tras haber renunciado a la misma medida en Semana Santa, al acordar con la empresa la readmisión de los dos empleados despedidos como "represalia" por las movilizaciones de la última Navidad, con el abono del salario dejado de percibir; y una "pequeña subida de sueldo" para los 16 trabajadores de menor antigüedad.
"La plantilla lleva cuatro años sufriendo una congelación salarial, que ha provocado una pérdida de poder adquisitivo por encima del 17 por ciento, además de que la UTE se niega a la renovación de el convenio colectivo y no lo respeta, realizando descuentos económicos injustificados", sostiene la representación de los trabajadores, encabezada por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España.
En su anterior escrito de preaviso de huelga para el periodo navideño, los representantes sindicales de la plantilla señalaban que la entidad gestora de este servicio público no estaría cumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril de 2023 precisamente en el seno del Sercla, para poner fin al conflicto laboral que atravesaba ya entonces el servicio, huelga incluida.
Para la convocatoria de huelga promovida entonces, el sindicato avisaba de que la unión temporal de empresas (UTE) Grúa Sevilla, como entonces nueva adjudicataria de este servicio municipal y encabezada entonces por el Grupo SSG, no había "subrogado las condiciones de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, limitándose a darles de alta en la Seguridad Social acogiéndolos a un convenio colectivo diferente (convenio colectivo andaluz de grúas móviles autopropulsadas) y no al convenio colectivo de retirada e inmovilización de vehículos, depósito y gestión de cobros de la grúa municipal de Sevilla (...), con la evidente pérdida de derechos económicos y sociales".
El acuerdo alcanzado el pasado mes de abril de 2023 para levantar la convocatoria de huelga implicaba la aplicación del convenio colectivo de empresa del que ya disfrutaba esta plantilla antes de la nueva adjudicación del servicio, pero de manera "transitoria" hasta que pese una resolución judicial que resuelva qué convenio corresponde aplicar, si el convenio propio esgrimido por los trabajadores o el de ámbito autonómico que defiende la empresa.
Pero desde entonces, según el comité de huelga, encabezado por el Sppme, la entidad estaría "faltando de forma recurrente a su compromiso , incurriendo en numerosos, variados y continuos incumplimientos", como el correspondiente a la aplicación transitoria del convenio colectivo "hasta que hubiese resolución judicial que delimite cuál es el convenio aplicable", extremo que según la plantilla aún no ha sucedido.
También avisa del supuesto incumplimiento de los acuerdos correspondientes a los contratos de relevo, al imponer a los trabajadores "cláusulas abusivas de movilidad geográfica"; criticando en paralelo la instalación de "sistemas de videograbación" en el centro de trabajo, con "pretensión" de hacerlo además en los vehículos grúa, con una "más que probable vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen" de los trabajadores.
