Esther Marín cobra 950 euros como limpiadora en la UMA, un salario con el que a día de hoy les es “imposible” encontrar un alquiler en Málaga capital. La falta de vivienda a precios asequibles está golpeando con dureza a familias como la suya. Su situación se agrava aún más al haber pasado por un desahucio, fue hace “un año”, recuerda. Tiene concedida una ayuda municipal al alquiler, pero con un desalojo en su historial “los propietarios no quieren alquilarme, porque piensan que vamos a dejar de pagar”: “Es como buscar una aguja en un pajar”.

Su única oportunidad de salir a flote es acceder a una de las viviendas que sortea el Ayuntamiento del Comité Fres (comité de Familias en Riesgos de Exclusión Social), pero “me ponen muchísimas trabas”. A “una semana” del sorteo “me llaman y me dicen que uno de los requisitos es tener un mínimo de tres años de empadronamiento” en la capital, punto que no cumple porque al no tener casa “me han desempadronado” y “no tengo vivienda en la que poder empadronarme”. Ha intentado pedir un padrón histórico con el que podría demostrar que “lleva toda la vida viviendo” en Málaga, pero “me dicen que está bloqueado”. “Ahora me quedo fuera del sorteo y no tengo ninguna posibilidad de acceder a una vivienda”, ha lamentado, asegurando que se queda “sin soluciones”.

Actualmente vive de prestado en casa de su hermana. Un piso del Instituto Municipal de la Vivienda en el que duermen siete personas: Esther y sus tres hijos menores de edad y su hermana junto a sus dos retoños. Aquí no puede empadronarse, porque cambiarían las circunstancias del núcleo familiar y su hermana pequeña perdería la VPO.

El drama de Esther es uno de los muchos que se viven en Málaga por la actual emergencia habitacional. Ante ello, la plataforma ‘Un Techo por Derecho’ ha denunciado este “despropósito” en una rueda de prensa, en la que han informado de que van han presentar por registro una petición para exigir cambios en los requisitos para acceder a una vivienda del Comité Fres.

Una de sus portavoces, Rosa Galindo, demandan “más participación ciudadana” para diseñar unas “ordenanzas que de verdad se adapten a las necesidades reales de la gente”, que pasan por flexibilizar requisitos como la obligatoriedad de estar empadronado o cambiar el modelo de sorteo para adjudicar las viviendas: “Cuando vas a las urgencias del médico no te meten por sorteo, sino por la gravedad, en estos casos debe ser lo mismo. Hay mucho que cambiar en las políticas y ordenanzas de Málaga”. “Las personas afectadas se sienten que están metidas en un bombo”, porque su vida “depende de una lotería”, ha criticado Galindo, indicado que quieren pedirle al alcalde, Francisco de la Torre, que “pare ya y no se ría más de la gente”.

Como plataforma también se han posicionado a favor de la prohibición de la actividad de los pisos turísticos “de los que están y de los están por venir” y de la regularización del precio de los alquileres. En Málaga capital hay unas 26.000 personas inscritas como demandantes de una VPO en el IMV.