El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha instado al alcalde hispalense, José Luis Sanz (PP), a que "reivindique con urgencia" la Ley de Capitalidad y que vuelva a convocar al respecto la mesa institucional, en la que están representados los tres gobiernos --local, autonómico y central--, un año y medio después de su creación, con el entonces Antonio Muñoz (PSOE) como alcalde. "Es necesario retomar los trabajos que nos lleven al desarrollo de ese texto".

Así lo expresa en una entrevista de Europa Press en la que el mandatario provincial insiste en la idea de que la ciudad "tiene que mejorar las competencias, sus funciones y recibir más recursos económicos porque es el centro político y administrativo, y tiene la capitalidad: eso lo marca la ley y, en este caso, el Estatuto de Autonomía".

En este sentido, Fernández subraya que Sevilla es la capital de Andalucía, "le guste más a uno o le guste menos", y, por lo tanto, "es conveniente desarrollar una ley de capitalidad para aclarar funciones, desarrollar competencias y mejorar la financiación que tiene Sevilla", sostiene.

En opinión del presidente de la Diputación, "nosotros estamos pidiendo desde Sevilla lo mismo que la Junta pide al Gobierno de España: 'No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie'". Al hilo de ello, "desde hace un tiempo para acá venimos viendo cómo Sevilla no está entre la prioridad del Gobierno andaluz", de tal manera que "se está discriminando positivamente más a otras zonas de la comunidad autónoma".

Asimimo, Fernández esgrime los 700.000 habitantes registrados en la capital y el hecho de que la población de la provincie suponga el 25% de toda Andalucía; "como mínimo, nos tienen que tratar como lo que somos: dos millones de habitantes, por lo que vamos a protestar y a levantar la voz donde tengamos que hacerlo".

La creación de la denominada 'Mesa Institucional de Sevilla' tuvo lugar e mediados de enero del pasado año. Junto al entonces regidor, en el encuentro celebrado en el Consistorio, estuvieron la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, como representante del Ejecutivo central, y el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, por parte del Gobierno autonómico.

Entre los argumentos que se pusieron sobre la mesa, la condición de capital de Andalucía y tercera área metropolitana de España, "circunstancias que acarrean una serie de gastos extraordinarios para mantener el nivel de servicios públicos y ser la sede de los edificios gubernamentales de la Junta y del Gobierno central". Para ello, en ese primer encuentro se acordó encargar un informe de viabilidad jurídica para "analizar las consecuencias de reconocer esta singularidad", concepto más repetido por unos y otros.

Desde el Consistorio se defiende la existencia de un marco jurídico similar a los que ostentan Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma de Mallorca, Mérida o Logroño en sus respectivas comunidades autónomas, mientras que el Gobierno andaluz, que nunca ha escondido sus reticencias, sostiene que la negociación sobre una futura Ley de reconocimiento del estatus de Sevilla como capital de Andalucía "no se puede elaborar en contra del resto de capitales, de municipios, ni de nadie".

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