El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha destacado la importancia de "no dar ni un paso en falso" y contar con "todas las certezas medioambientales y jurídicas", así como contar con "todas las garantías" para la apertura de la mina subterránea en Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la entidad minaera Los Frailes, que prevé comenzar los trabajo de preparación para la explotación minera en el ultimo trimestre del año.
En una entrevista concedida a Europa Press, el consejero ha detallado el ciclo completo de autorizaciones que requiere este proyecto, teniendo en cuenta que acaba de recibir la Autorización Ambiental Unificada, "un paso muy importante que ha conllevado un plazo largo necesariamente por la complejidad de cualquier proyecto de minero".
Tras la obtención de esta autorización ambiental, la Delegación Territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas en Sevilla lanza dos propuestas referidas a la resolución de autorización del proyecto de explotación y al plan de restauración, para las que se abrirá un trámite de audiencia pública de 15 días. Una vez finalizado este plazo, será el turno de la Dirección General de Minas del Ejecutivo andaluz, encargado de emitir la resolución de autorización final.
"Aunque siempre soy cauto dando plazos, nuestra previsión es que si todos estos pasos administrativos van bien, que en el último trimestre del año se cumplan todas las autorizaciones", ha subrayado, lo que dará inició al comienzo de los trabajos de preparación de la explotación minera.
Estos trabajos comenzarán con la depuración y posterior desembalse del agua de las cortas, una tarea que tomará alrededor de 18 meses para 17,52 hectómetros cúbicos, de los cuales 15 pertenecen a la corta de Los Frailes. Este es el punto del proyecto que ha causado más revuelos entre las asociaciones ecologistas, que acusan al Gobierno autonómico de "autorizar un vertido de aguas tóxicas" al río Guadalquivir, un extremo negado por la Junta, que ha venido subrayando las "garantías ambientales" con las que cuenta el proyecto.
Con estos plazos, el inicio de la actividad minera se produciría a lo largo de 2027 y se extenderá durante unos 17 años. La reapertura de la corta minera a manos de Minera Los Frailes --sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis-- viene ensombrecida por el cierre de la mina a cielo abierto de Aznalcóllar tras la gran catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando estaba explotada por la entidad Boliden-Andaluza de Piritas SA (Apirsa).
El actual proyecto "nada tiene que ver con el relacionado al desastre" cuenta con una inversión prevista de 450 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros metálicos (cobre, zinc y plomo).
"Es una mina que no va a tener balsa de residuos y que cuenta con una tecnología completamente distinta a aquella. Por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia hídrica, el 80% del agua que se va a utilizar en el tratamiento del mineral se va a recuperar en el propio proceso", ha detallado Paradela.
Sobre los residuos, una parte de ellos se reutilizarán para rellenar el interior de la mina, mientras que otra parte se destinará a la antigua mina, a efectos de restauración, al tiempo que ha asegurado que más del 80% del agua utilizada para tratar el mineral se reutiliza en el proyecto minero.
De otro lado, la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.
El asunto llegará a juicio después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.
