La licencia de obras fue aprobada y otorgada siendo alcalde de Almuñécar el socialista Antonio Manuel Rebollo Martínez, en Comisión de Gobierno celebrada el 20 de septiembre de 2000. En la misma también participó la actual Directora General de Política Migratoria de la Junta de Andalucía y Parlamentaria socialista Rocío Palacios, entonces concejal del equipo de gobierno de Almuñécar.
La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Motril condena al Aparejador Municipal, Gerardo García Villén, por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio dictando sentencia que le inhabilita durante siete años y le condena a 12 meses de multa o un año de cárcel. Esta sentencia dictada por la Jueza del nº 1 de Motril, no es firme y será recurrida ante la Audiencia Provincial.
Desde el Equipo de Gobierno de Convergencia Andaluza "mostramos nuestra confianza en la gestión y profesionalidad del Aparejador municipal como técnico de este ayuntamiento, en el que ha desempeñado su labor desde el año 1972, en que sacó sus oposiciones, mientras no exista una sentencia en firme. Un aparejador que ha acreditado su profesionalidad bajo el mandato de las diferentes corporaciones sean cuales fueren las siglas políticas de los gobernantes que estuvieran al frente del mismo".
Para Convergencia Andaluza es intolerable que las actuaciones de la Fiscalía apliquen criterios distintos cuando las licencias de obras son otorgadas (con informes técnicos y jurídicos favorables) por el gobierno de Convergencia Andaluza, que de forma automática la Fiscalía actúa contra el alcalde, mientras que en los casos en que la licencia ha sido otorgada (con informe técnico favorable) por un alcalde socialista, éste no es objeto del mismo tratamiento y se va limpio y sin responsabilidades. Un doble rasero, sin duda, con el que se está actuando en los procedimientos judiciales.
Por último, el portavoz del gobierno sexitano considera repulsivo que periodistas a sueldo del régimen socialista hablen de los técnico municipal de este Ayuntamiento catalogándolos 'hombres de confianza' del gobierno, cuando son empleados públicos y no cargos de confianza del gobierno municipal.
Criterios distintos de la Fiscalía según quien la otorga
Una de las actuaciones recientes con resoluciones judiciales o actuaciones de la Fiscalía "extrañas", e interpretaciones contradictorias, tiene que ver con la denuncia contra Fermín Tejero Mesa, el concejal de IU, por la construcción en suelo no urbanizable, de viviendas "ilegales" en el camping Carambolo. La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción nº 2 de Almuñécar, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia formulada contra este concejal en un auto fechado el 26 de noviembre de 2008, a pesar de haberse documentado ampliamente por el ayuntamiento la actuación contraria al Plan de Urbanismo. Ante denuncias sobre supuestas construcciones ilegales en suelo no urbanizable, realizadas por Fermín Tejero, la Fiscalía imputaba al equipo de Gobierno de convergencia Andaluza, mientras que en el caso del Carambolo, la Fiscalía se inhibe. Curioso.
Como curioso es lo que se puede leer en la Web www.iualmunecar.com, donde hablan de la sentencia, recordando que fue otorgada por el socialista Rebollo. Dicen textualmente en la web de IU: "Lo cierto es que, con el informe del aparejador, el equipo de gobierno de entonces no podía hacer otra cosa que dar la licencia pues el informe amparaba la legalidad de esa obra. Negar la licencia con el informe favorable habría sido una temeridad".
Resulta chocante la manera que tienen de defender la correcta actuación del alcalde socialista, bien pertrechado en el "pesebre común". Es lo que se hizo en numerosas licencias de obras con informes técnicos y jurídicos favorables, pero ellos denuncian unos hechos y justifican o silencian otros. Con el amparo de la Fiscalía, al parecer.
—Origen denuncia—
La denuncia que ha dado origen a esta sentencia fue presentada por Ecologistas en Acción el 17 de abril de 2006, casi seis años después de otorgada la licencia. Unos supuestos hechos denunciados ante la Fiscalía, quien promovió las actuaciones ante los juzgados. Curiosamente, en este caso, no se responsabiliza al alcalde que otorgaba la licencia de obras, tal como sucede cuando lo hace C.A
