La sección de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la empresa de Aparcamientos Urbanos de Sevilla SA (Aussa) ha valorado "muy positivamente" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que indica que los trabajadores de esta empresa "no tienen deber de comunicar las infracciones" de los vehículos estacionados en la vía pública, algo que ha calificado como un "triunfo"
Así, cabe recordar que la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla ha anulado el artículo cuarto de la Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de Sevilla, aprobada definitivamente en octubre de 2010, tras la denuncia presentada por el comité de empresa de Aussa, al entender que el personal del servicio de grúa "no tiene ningún deber de advertir o comunicar la existencia de infracciones".
En este marco, uno de los portavoces de los trabajadores de Aussa y delegado sindical de CSI-CSIF en esta empresa, Santiago López, ha indicado a Europa Press que se ha obtenido la sentencia "esperada", ya que se elimina el "intento del Ayuntamiento de Sevilla de convertir a los gruistas en patrulleros de la ciudad", algo que "además incentivaban, por lo que era más deshonrosa aún la situación".
"Ahora podemos seguir siendo lo que éramos, trabajadores que prestan el servicio de grúa", añade, indicando que continuarán con su colaboración con la Policía y la retirada de vehículos, pero "nunca usurpando sus funciones".
De este modo, se ha mostrado "muy contento" con la sentencia, lamentando que los ayuntamientos desarrollen con medidas de este tipo "auténticos negocios para la caza de vehículos".
En el mismo sentido, desde CSIF en Andalucía se ha puesto de manifiesto a través de un comunicado que se recurrió esta ordenanza porque establecía "una obligación para los encargados del servicio de retirada de comunicar la existencia de infracciones, lo que equivale tanto como a imponerles la obligación de denunciar. "Aunque cabe recurso de casación, supone todo un éxito judicial de esta central sindical en la defensa de las potestades que sólo deben regentar los empleados públicos", concluye.
