La Fiscalía de Sevilla pedirá mañana siete años de cárcel para un empresario acusado de una presunta estafa piramidal en la que se apropió de un total de 3.269.576 euros que le confiaron 66 inversores.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, explica que el acusado, en una actitud contraria "a la más elemental precaución" y "contra la lógica de cualquier inversión en valores de renta variable", ofrecía a sus clientes un interés fijo en sus inversiones.
La Fiscalía imputa al empresario Manuel S.D., declara prescrita la responsabilidad penal de su socio José María G.P., ya fallecido, y acusa también a las esposas de ambos, María del Rosario S.B. y Ana María P.A., que eran socias de la empresa y para quienes pide un año de cárcel por alzamiento de bienes.
Su empresa financiera fue creada en 1986 y "mientras la situación económica fue boyante, pudieron ir cumpliendo con el pago de los intereses prometidos y pudieron devolver los capitales invertidos, si le eran solicitados", según el fiscal.
El buen funcionamiento pudo deberse a que "las inversiones eran acertadas o a que el flujo de dinero de nuevos clientes se destinaba a pagar operaciones vencidas en vez de invertirlas en nuevos activos financieros, que era a lo que estaban destinadas", según el fiscal de Delitos Económicos.
Sin embargo, a partir de 1998, el acusado, siendo "plenamente consciente de que en absoluto la situación del mercado financiero permitía asegurar los intereses que comprometía", siguió captando clientes y dedicó el dinero "a apoderarse lisamente de él" o a pagar los intereses de anteriores inversiones.
En el juicio que celebrará mañana la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla comparecerán como testigos y denunciantes 66 inversores que entregaron a los acusados desde 6.000 euros hasta los 721.219 euros que invirtieron los hermanos María del Carmen, Antonio y Diego J.H.
Virtudes V.C. invirtió 85.520 euros, Sonia W.R. 143.667 euros, José Luis G.G. entregó 89.043 y Asunción V.B. un total de 60.101 euros, entre otros afectados.
El fiscal imputa al empresario Manuel S.D. un delito continuado de estafa o alternativamente de apropiación indebida, con una condena de seis años de prisión.
Según la Fiscalía, cuando los acusados se percataron de la situación de las inversiones y "para evitar que las reclamaciones de los clientes pudieran afectar a su patrimonio personal", vendieron sus respectivas viviendas por 98.000 y 208.351 euros y "dispusieron en su beneficio del precio obtenido".
Por ello, junto a la estafa les acusa de otro delito de alzamiento de bienes, por el que pide un año de cárcel a cada uno de los tres acusados y una multa de seis meses con cuota diaria de seis euros, lo que equivale a 1.080 euros.
