La sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha celebrado este miércoles una sesión ordinaria de su junta general de accionistas, al objeto de analizar las cuentas de 2012, -saldadas con pérdidas de 552.727 euros-, y la gestión de dicho ejercicio. En un momento en el que esta sociedad mixta planea una nueva ampliación de capital para sufragar el expediente de regulación de empleo asociado a la futura liberalización de la lonja de pescado, las cuentas y la gestión de 2012 han sido aprobadas con el voto favorable de los accionistas mayoritarios; el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa, y el voto contrario del gremio de mayoristas de fruta, verduras y hortalizas, socio minoritario de la empresa.
Las cuentas de 2012, según la auditoría elaborada al respecto por la consultora 'Ernst & Young' y recogida por Europa Press, dan cuenta de seis facturas de los años 2004 y 2005 por un importe total de 326.607 euros, relativas a "trabajos y suministros" y sobre las que pesan "indicios de ilegalidad". Se trataría, en principio, de las facturas que Juan Francisco Algarín, imputado por la juez Mercedes Alaya por su posible relación con la administración fraudulenta de la partida 31L de los fondos autonómicos, habría cargado a Mercasevilla sin que mediasen pruebas de la consumación o entrega de los productos o servicios señalados.
Igualmente, la auditoría de cuentas señala los "procesos judiciales en curso" derivados de la demanda promovida por 'Sando Proyectos Inmobiliarios S.A.U.' para resolver el contrato de cesión de derechos de superficie obtenido tras la enajenación de los suelos del mercado central, y de los "planes de jubilación anticipada mediante pólizas de rentas colectivas" asociadas a los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007. La financiación del ERE de 2007, en ese sentido, estaba cuantificada en 9.046.976,95 euros que una sentencia atribuye a Mercasevilla, toda vez que respecto a los derechos de superficie obtenidos por 'Sando', figura en la auditoría de cuentas un "saldo a pagar" de 6.181.396 euros.
En este escenario, la auditoría de cuentas señala "pérdidas de importe significativo en los últimos ejercicios" y "una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la sociedad para continuar con sus operaciones".
AMPLIACIÓN DE CAPITAL
La reunión de la junta general de accionistas, de cualquier modo, se ha celebrado en un marco en el que la sociedad mixta proyecta una nueva ampliación de capital, pues en 2010 ya consumó una, al objeto de reunir aproximadamente cuatro millones de euros para sufragar los casi cien despidos del expediente de regulación de empleo (ERE) que acompañará a la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla presta en la lonja de pescado.
Sobre este aspecto, Fernando Castro, gerente de la asociación de mayoristas de fruta y hortalizas de Mercasevilla, ha explicado a Europa Press que su gremio, como socio minoritario de la empresa, apoya esta medida porque la actual fórmula de gestión resulta "inviable". No obstante, ha señalado la delicada tesitura económica que atraviesa Mercasevilla. "Todo esto tendría que haber sido hecho mucho antes", ha enfatizado Castro, quien critica que la directiva de Mercasevilla reclame nuevos esfuerzos económicos a sus socios mientras "no hay inversiones o actuaciones" que mejoren las condiciones del mercado central o sus servicios.
EL COMITÉ SE OPONE AL ERE
Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, ha defendido de su lado que la búsqueda de cuatro millones de euros para financiar despidos cuando Mercasevilla "no tiene dinero ni para su propio funcionamiento" pone especialmente de relieve que la liberalización de la lonja de pescado deriva sólo de la necesidad del Gobierno municipal del PP de "cumplir su compromiso con los mayoristas de pescado". "No tenemos dinero para el funcionamiento de la empresa y ahora buscamos dinero para despedir trabajadores. No lo entiendo", ha dicho el representante de la plantilla.
