El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ante la situación vivida con la adjudicación de viviendas municipales vacías en Nuevo Amate en Sevilla, pide que "se ordenen bien" los procedimientos de adjudicación de viviendas, y señala que las administraciones "deben tener una eficacia y una colaboración entre ellas en esta materia tan importante".
En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras reunirse con la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, el Defensor señala en que "lo que hay que hacer es que la presión de una situación urgente no haga perder de vista cuál es la ordenación de la adjudicación de una vivienda", porque entonces "lo excepcional se convierte en regla".
Por ello, continúa, desde la Defensoría "vamos a hacer un estudio concienzudo y objetivo de la situación de la vivienda", para "estudiar los procedimientos de adjudicación", puesto que ahí reconoce que "puede haber confusiones". En este sentido, añade que el mapa de la pobreza "provoca un cambio de estrategia" en la política de vivienda" y que "no tiene sentido ahora hacer promoción de compraventa cuando no hay préstamos ni adquisición".
"Debemos saber cuántas viviendas tiene disponibles cada administración y hay que ordenar bien los procedimientos de adjudicación de vivienda, para que esto no sea improvisar y que el más valiente o el que pega la patada en la puerta tenga la vivienda y el otro no", insiste Maeztu, quien apuesta por que "todo entre por la vía de procedimiento, ya que hay un cupo especial para determinadas situaciones, lo que no quita que haya otras situaciones más normalizadas con necesidad de vivienda", reconoce.
También en el ámbito de la vivienda, Maeztu y Crespo han abordado la situación de la Corrala Utopía. En este sentido, la delegada ha señalado que se trata de "una cuestión judicial" y que "nada tiene que ver" con ambas instituciones. No obstante, ha dicho "estar segura" de que si hay personas necesitadas en algún caso, y hay mecanismos a través del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos o la propia figura del Defensor, "se estará muy al tanto de las necesidades sociales de esas personas".
Por su parte, Maeztu ha recordado que en esta situación "está por una lado la acción judicial por un delito de usurpación, en el sentido de ocupación de un inmueble, y al mismo tiempo hay gente con unas necesidades específicas y otras no", toda vez que afirma que "ahora ha llegado la hora de las administraciones" --Junta y Ayuntamiento--, y que como Institución "lo que le interesa es que cualquier solución que afecta a las personas necesitadas se haga bien".
"En estos días se van a sentar las administraciones y hay propuestas concretas encima de la mesa", por lo que cree que finalmente "habrá un resultado positivo" para un tema que "ha sido prolijo, largo y confuso". No obstante, insiste en que "si se deja trabajar a las administraciones y a la parte afectada, habrá pronto una solución".
