La jueza Mercedes Alaya ha decidido nombrar como administrador judicial de las empresas Fitonovo y Fiverde, ambas implicadas en el caso Madeja y cuyo sumario mantiene bajo secreto por octavo mes consecutivo, a Francisco Estepa, el mismo administrador judicial designado para el Real Betis.
La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha adoptado diversas medidas en torno al caso que investiga las presuntas dádivas de empresarios a responsables políticos a cambio de concesiones administrativas del Ayuntamiento de Sevilla, caso que continúa bajo secreto sumarial desde julio de 2013.
Entre esas decisiones, Alaya ha nombrado a Francisco Estepa como administrador judicial de las dos empresas en que se centra esta investigación, Fitonovo y Fiverde. Estepa también fue nombrado por la magistrada, tras la renuncia de José Antonio Bosch como administrador del Real Betis, causa judicial que también recayó en el juzgado de Instrucción 6.
Además, la magistrada ha dejado en libertad con cargos pero bajo fianza de 250.000 euros a José Antonio González Baró, empresario de Fitonovo; de 150.000 euros para Francisco Amores, el que fuera jefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y destituido de forma fulminante por Juan Ignacio Zoido cuando se le imputó.
Según un auto notificado este martes, en el caso de González Baró Alaya ha tomado esta decisión después de que en enero la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla rechazara el recurso interpuesto por su abogado contra el auto de prisión dictado por la jueza.
En el recurso, el letrado de González Baró pedía su libertad alegando que la orden de ingreso en prisión no señalaba riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, sino “peligro de reiteración delictiva”, extremo que el abogado descarta absolutamente porque dada la proyección de esta causa judicial y su impacto mediático, “ya nadie quiere contratar con Fitonovo”.
También alegó el abogado que la jueza le imputó cinco hechos que pudieran ser constitutivos del delito de cohecho investigado en la causa en relación a la supuesta entrega de dádivas a cambio de los contratos, pero la mayoría se habrían producido antes de 2010, por lo que se trataría de hechos atípicos desde el punto de vista penal y no podrían ser susceptibles de condena.
Según el letrado, dicha atipicidad vendría dada porque hasta la reforma legal de 2010 el Código Penal no sancionaba la conducta cuando las dádivas se entregaban “a posteriori” y en señal de consideración, como “recompensa”, de la petición realizada al funcionario público o autoridad.
En el caso de Amores, su entorno ha solicitado un aval bancario para poder pagar la fianza y se encuentra a la espera de que se materialice su concesión.
Cancelación de contrato
Por otro lado, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado resolver “por incumplimiento” un contrato suscrito con Fitonovo para la reurbanización de un espacio libre en la barriada de Murillo.
La Gerencia resuelve el contrato “debido a las incidencias surgidas por parte de esta empresa y que impiden el cumplimiento” del acuerdo. Según la resolución, Fitonovo “ha incumplido obligaciones contractuales esenciales, no habiendo ejecutado la prestación, que ni siquiera ha comenzado cuatro meses después de la formalización del contrato”.
Urbanismo ha comunicado que, tras dar por resuelto este contrato, volverá a abrir un procedimiento para licitar de nuevo estas obras.
