El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que la Agencia Tributaria ha comunicado ya “en tiempo récord” la aprobación del proyecto de cerramiento de acceso a la Zona Franca de Sevilla, remitida el martes por el Consistorio hispalense.
Tras inaugurar una exposición sobre el parque de María Luisa, Zoido ha indicado que con este informe favorable queda “desbloqueado” el asunto relativo al urbanismo y ahora el Ayuntamiento procederá a sacar a concurso y a la adjudicación del proyecto para su desarrollo.
“En tiempo récord, la Agencia Tributaria ha dado el informe favorable, que es el que esperamos también obtener de otros proyectos que tenemos pendientes de la Junta de Andalucía porque la colaboración entre instituciones es fundamental”, sentencia el alcalde.
Así, ha puesto en valor el cumplimiento del “compromiso” de la Agencia Tributaria de “analizar, ver y valorar” el proyecto para ver si cumplía las características.
Una vez que el Estado ha considerado que “cumple todas las características”, el Ayuntamiento “saldrá adelante con un proyecto que es muy importante para consolidar la industria de la ciudad”.
El alcalde, que no ha marcado plazos para su puesta en marcha, ha incidido en que, una vez recibida la carta, “se continuará ahora con la tramitación pertinente”.
El presupuesto de este proyecto de cerramiento asciende a 3.290.000 euros para una zona franca que, cuando esté en funcionamiento, se prevé que pueda almacenar y distribuir 1,7 millones de toneladas al año, que supondrían más de mil millones de euros de facturación.
Esta Zona franca, la quinta en España pero la primera que no se instala en una ciudad marítima, sino fluvial, estará ubicada en la zona del Puerto de Sevilla y tendrá una extensión de 72 hectáreas donde las empresas que se instalen gozarán de ventajas fiscales y aduaneras.
El proyecto
Según el proyecto que presentó el Ayuntamiento, el objetivo de esta Zona Franca no es otro que “promocionar la actividad de comercio exterior y atraer a inversores que potencien el desarrollo industrial de la ciudad”, para lo que se requieren “empresas prestadoras de servicios relacionadas con la actividad del transporte, carga, descarga, embalaje, desembalaje y cualquier operación accesoria o dependiente de las mismas”.
Las mercancías con las que está previsto que se opere en este área son de carácter general y, según defiende el Ayuntamiento, “son muchos los operadores económicos que han ido manifestando su apoyo al proyecto”.
Según la información que facilitaba el Ayuntamiento, “esta zona que gozaría de facilidades financieras y tributarias permitirá que el puerto se convirtiera en una fuente de inyección económica y de nuevas oportunidades de empleo abriendo un horizonte de esperanza para Sevilla, utilizando su puerto como motor económico”.
El reglamento, que también fue presentado en su momento y que debe ser ahora aprobado, contiene seis capítulos que recogen que el alcalde presidirá la gestión de la Zona Franca, que los operadores accederán a ella previa autorización y supervisión de la Autoridad Aduanera, el derecho a acceso de los propietarios y consignatarios de las mercancías o las competencias de la Autoridad Portuaria en la liquidación y recaudación de las tasas y tarifas portuarias que se devenguen, tal y como marca la ley.
Dichos reglamentos también recogen que “los operadores económicos estarán obligados al subvenimiento de la manera conjunta de los gastos originados en los espacios comunes del recinto”, toda vez que la distribución del porcentaje de la totalidad de gastos relacionados con el mantenimiento del recinto se hará en función de los metros cuadrados de la concesión otorgada al operador.
Además, se estudia la posibilidad de que, a través de un convenio con el Ministerio del Interior, la Policía Local de Sevilla pueda realizar funciones de Policía Judicial y, por tanto, ampliar sus competencias haciéndose cargo de la investigación de delitos menores y faltas.
