El juzgado penal 10 de Sevilla juzgará el 24 de junio a José Salas Burzón, dueño de la inmobiliaria Contsa procesado por estafa piramidal, acusado en este caso de defraudar presuntamente 2.786.899 euros a Hacienda en sus declaraciones del IRPF entre 2003 y 2006.

El empresario tiene pendiente otro juicio en el que la Fiscalía solicita para él 13 años de cárcel por presunta estafa piramidal a pequeños ahorradores, tras lo cual su inmobiliaria quedó en concurso de acreedores con 1.658 afectados y un déficit patrimonial de 87 millones de euros.

El escrito de acusación por delito fiscal, al que ha tenido acceso Efe, pide para Salas siete años de cárcel y para su esposa, María del Carmen Bautista Delgado, otros seis años, en un juicio que se celebrará en dos sesiones, el 24 de junio y el 22 de julio.

Según la Fiscalía, el empresario llevó a cabo una serie de medidas para "dotar de más opacidad y no someter a la preceptiva auditoría" a sus sociedades, como depositar desde 2007 cuentas abreviadas pese a que, según la legislación mercantil, debía hacerlo de modo ordinario.

"Para ocultar el desfase real de acreedores, imposibilitando que terceros tuvieran acceso a esta realidad, cada inversión por parte de terceros no constituía un asiento contable, sino que eran agrupados en una única partida", de manera que se hacía "totalmente opaca e imposible de determinar la realidad del pasivo y sus titulares", según el fiscal.

El acusado, además, "abusaba en exceso de la denominada cuenta contable de caja, donde a fecha del concurso figuraba una cantidad de 19.965.820 euros", cifra que "realmente no estaba en la caja de la entidad" cuando se hizo cargo de ella la administración concursal en el año 2008.

Hacienda ha determinado que el acusado "ha obtenido una fuerte suma de ingresos en sus cuentas corrientes personales, que no han sido declaradas ni justificadas en el periodo de inspección".

La Fiscalía imputa al empresario cuatro delitos contra la Hacienda Pública por los que pide condenas de dos años y un año y medio de prisión, además de multas de 351.284 euros, 791.100, 4.192.650 y 351.284 euros y una inhabilitación para obtener ayudas o subvenciones públicas durante cinco años.

Su esposa, imputada como cooperadora necesaria, se enfrenta a cuatro condenas de un año y medio cada una y a devolver a la Hacienda Pública, junto con Salas Burzón, las cantidades presuntamente defraudadas: 175.642 euros, 395.550, 1.197.900 y 1.017.807 euros.