Los más de 150 extrabajadores es de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once municipios de Cádiz y Sevilla, han cobrado al fin sus indemnizaciones por despido y nóminas atrasadas, según ha informado a Europa Press Manuel Ángel Caro, portavoz de la plataforma de afectados por la quiebra de la citada institución. Caro, de otro lado, avisa de que quienes no están cobrando sus indemnizaciones y conceptos atrasados son los extrabajadores de Gesalquivir, la sociedad instrumental de la Mancomunidad.
Según Manuel Ángel Caro, los extrabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, después de que su espectacular deuda global fuese repartida entre los once municipios adheridos a este organismo, han cobrado por fin sus indemnizaciones por despido y nóminas atrasadas. Se trata, en concreto, de unos 150 trabajadores. No obstante, Caro ha avisado de que la antigua plantilla de la sociedad instrumental de la Mancomunidad, Gesalquivir, 36 trabajadores en concreto, "sigue sin cobrar" pese a que la Mancomunidad está siendo condenada, "con carácter solidario", en los juicios que se celebran por la vía Social a cuenta de la situación de este colectivo concreto de trabajadores.
"Aún así, no ha cobrado ninguno", ha lamentado el portavoz de la plataforma de afectados sobre la situación que sufren los trabajadores de la sociedad instrumental de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, En cuanto a los proveedores de la ya liquidada institución, autónomos y pequeñas y medianas empresas, Caro explica que de momento, no hay "constancia" de que hayan cobrado.
El pasado mes de abril, el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir aprobaba definitivamente su expediente de liquidación con el voto favorable de los miembros del plenario pertenecientes al PSOE, IU-CA y el PA, toda vez que los representantes pertenecientes al PP, Roteños Unidos y el partido independiente de Sanlúcar de Barrameda se abstuvieron. El expediente en cuestión repartía entre todos estos municipios, siete de ellos de la provincia de Sevilla y cuatro de Cádiz, una deuda superior a los 42,6 millones de euros merced a su participación en la institución y otros aspectos como las deudas pendientes de pago entre los ayuntamientos y esta administración.
Tocaba así techo el conflicto derivado del colapso integral de esta institución que, a fecha de abril de 2013, contabilizaba un pasivo global de 52.204.879 euros, si bien esta cifra se redujo con medidas como el compromiso de la Junta de Andalucía de asumir el coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija, pertenecientes a la mancomunidad.
CONTRARRELOJ
El expediente de liquidación, no obstante, estipulaba un plazo máximo de 60 días para que los ayuntamientos saldasen la cuota de deuda que caía sobre ellos, toda vez que entre estos consistorios figuran algunos especialmente asfixiados en el plano económico, como es el caso de Los Palacios y Villafranca y El Coronil.
En junio, no obstante y merced a una negociación previa entre la presidenta de la Mancomunidad y también alcaldesa de Lebrija, la socialista María José Fernández, y el Gobierno de la Junta de Andalucía, el consejo de gobierno de la Administración autonómica autorizaba anticipos de tesorería por un importe total de 16,54 millones de euros en favor de los once ayuntamientos que integraban la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Los anticipos, concedidos en función de las partidas que corresponden a los ayuntamientos por la participación en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica) y en los ingresos del Estado (PIE), tenían un año de devolución y estaban destinados a inyectar liquidez a estos ayuntamientos para que hiciesen frente directamente al pago de las deudas asignadas a través del expediente de liquidación de la mancomunidad. Porque no olvidemos que buena parte de los acreedores de esta institución son extrabajadores, empresarios proveedores y autónomos que prestaban servicio a la misma.
