La basura, en el sentido metafórico y en el real, domina la política en los últimos tiempos. En Sevilla hemos tenido varios ejemplos recientes. Primero fue la polémica, de alcance nacional, por la norma del Ayuntamiento de imponer multas de 750 euros a quienes rebuscaran en los contenedores. Posteriormente, por el vertedero clandestino de basura que hace la vida imposible a los vecinos de Padre Pío y La Plata. Y en el Pleno extraordinario del pasado martes para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales de 2015, surgió la denuncia por el portavoz del PSOE, Juan Espadas, del denominado ‘tasazo’ a los institutos públicos: la decisión del gobierno de Zoido de cobrarle la tasa de la basura a los IES, que provocó un debate cargado de trasfondo ideológico.
Espadas denunció que la Hacienda municipal ya ha enviado a los directores de los aproximadamente 65 institutos oficiales de educación secundaria un oficio en el que se les conmina a pagar la tasa por la recogida de basuras, de la que se sobreentendía que estaban exentos porque nunca antes se les había exigido.
El periodo de gracia ha sido dado por liquidado y puede que incluso con efectos retroactivos. La Hacienda municipal les ha exigido a los directores que acrediten mediante certificado el número de alumnos matriculados, a fin de calcular la cantidad de residuos que podrían generar y pasarles el recibo, con la advertencia de que si en un plazo de diez días no ‘regularizan’ su situación se dará traslado de las actuaciones a la Agencia Tributaria.
La terminología empleada denota incluso la posibilidad de exigir el pago con efectos retroactivos por un periodo de cuatro años. Se estima que por este concepto los IES podrían tener que pagar entre 700 y 1.000 euros anuales, cantidad que se cuadruplicaría si se les obligara a pagar el último cuatrienio. En resumen, el Ayuntamiento ingresaría entre 50.000 y 200.000 euros por este concepto.
La iniciativa del gobierno, desvelada por Espadas, derivó en una bronca política en el Pleno que, de paso, sirvió para fijar las posiciones ideológicas de cada uno. El alcalde defendió la medida con el argumento de que todos los sevillanos son iguales ante la ley y que 158 centros privados y concertados pagan la tasa de la basura, mientras que la Junta de Andalucía, responsable última de los IES, es la única que no la abona.
Por su parte, el portavoz del PSOE recordó que la ley exime de pagar a los centros de enseñanza públicos y que cada euro que se destine a pagar la basura es un euro que se retira de la educación pública. La réplica del alcalde fue inmediata: “Usted lo que quiere es que la Junta no pague y tengan que hacerlo los ciudadanos”.
La medida demuestra, al igual que el año pasado, cómo la Hacienda municipal trata de compensar o resarcirse de los anuncios de rebaja fiscal que públicamente hace el alcalde de cara al electorado. Dinero que el Ayuntamiento deja de ingresar por las decisiones políticas de Zoido, dinero que la delegada de Hacienda, Asunción Fley, busca por otras vías. Y la basura parece darle bastante juego.
El año pasado se inventó la tasa a los locales vacíos, sin reparar en que si estaban vacíos no generaban residuos que recoger y porque por efecto de la crisis económica sus propietarios, sufridores de las consecuencias, no habían podido colocarlos en el mercado inmobiliario.
La tasa provocó un gran malestar en la patronal, especialmente en los empresarios agrupados en la sectorial de la construcción, Gaesco, ya que además de soportar la devaluación de sus inmuebles invendidos y los gastos financieros correspondientes, se encontraron con el imprevisto de tener que pagar por los locales comerciales desocupados y construidos en los bajos de los bloques de viviendas.
También se produjeron situaciones esperpénticas, como pasar al cobro recibos por tasa de basura a casetas de la electricidad, repetidores de telefonía y similares, en los que jamás podría registrarse una actividad comercial. Cualquier punto señalado en el Catastro era motivo suficiente para que la Delegación de Hacienda notificara un recibo.
Vuelta de tuerca
Ahora, la delegada da una vuelta de tuerca más al colocar en su lupa fiscal a los IES y obligar al alcalde a respaldar su política recaudatoria frente al líder de la oposición, ya que no se podía permitir el lujo de desautorizarla en un Pleno, aunque este respaldo político contribuye a alimentar la imagen de voracidad fiscal de su gobierno: se une a la ampliación de la zona azul y a las multas por la rebusca en los contenedores y contrarresta el discurso de Zoido de que este Ayuntamiento ha rebajado la presión fiscal a los sevillanos.
Espadas citó con fundamento la legislación, que teóricamente permitiría mantener la exención del cobro de tasas a los centros públicos de enseñanza. Así, el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, especifica en su artículo 21 (supuestos de no sujeción y de exención) lo siguiente: “Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: f) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria”.
Y, por otra parte, es cierto que cada euro que los IES destinen a pagar la basura es un euro que se retira de la educación pública, ya que la Junta asigna a cada instituto una cantidad para gastos corrientes, partida de la que ahora habrá que detraer en conjunto unos 50.000 euros.
Para defender a su delegada de Hacienda, Zoido lanzó el mensaje de que como todos los sevillanos son iguales ante la ley, todos han de pagar, sin excepciones. La realidad demuestra que este principio no siempre se cumple. Sin ir más lejos, recuérdese cómo el Ayuntamiento se exonera a sí mismo de pagar y pasar la ITE de sus edificios mientras obliga a los ciudadanos a abonar la correspondiente inspección.
Más ejemplos los puede encontrar el alcalde en las propias Ordenanzas Fiscales que se sometían a aprobación en el Pleno, ya que el Ayuntamiento, mientras pone en su punto de mira a los institutos, exime de pagar la tasa de la basura a los kioscos de menos de 20 m2, y bonifica con un 20% en el IBI a los empresarios que se instalen en la Zona Franca, cuando ya por el hecho de radicarse allí sus mercancías no pagan impuestos, con lo cual se les otorgan dos ventajas añadidas. Y, por otra parte, ¿pasa el recibo de la tasa de la basura a todas las parroquias de Sevilla al igual que dice lo va a hacer con todos los institutos porque todos son iguales ante la ley?
El segundo mensaje de Zoido fue el de equiparar a los centros de enseñanza privados con los públicos, cuando los primeros son negocios mercantiles con ánimo de lucro, legítimo pero se trata de negocios al fin y al cabo creados para ganar dinero aunque sea con la educación, y los IES son un servicio público que satisfacen el derecho y el deber de la educación de todos los ciudadanos, rasgo diferencial esencial por el que la ley les exime hasta del pago del IBI.
La diferencia que no han comprendido Fley ni Zoido es que mientras la tasa de basura de los centros privados de enseñanza la pagarán sólo los padres que pueden permitirse una educación con mayores recursos tecnológicos y de todo tipo para sus hijos, la de los institutos públicos la acabarán pagando, en cuanto contribuyentes, todos los sevillanos, aunque ellos piensen que la pagará la Junta de Andalucía.
