La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha recomendado en una de sus últimas resoluciones "la apertura de un proceso de diálogo abierto, real y profundo" sobre la ampliación del servicio público de estacionamiento en superficie regulado por precio o zona azul en Sevilla capital, para lograr "el mayor grado de consenso posible sobre el modelo que es más aconsejable".
En una resolución fechada el pasado 26 de diciembre y recogida por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz analiza la queja promovida por los colectivos sociales contrarios a la ampliación del servicio de estacionamiento en superficie regulado por precio o zona azul, que en Sevilla ha pasado de 4.112 a 7.553 plazas. Los colectivos, entre otras cosas, avisan de que los comercios de Nervión y Bami están sufriendo una caída de ventas porque las personas que acuden en coche a estos barrios sólo permanecen allí el tiempo imprescindible, para así ahorrar costes en la zona azul, aspecto que impide los consumos o compras casuales en estas zonas.
El pasado 18 de junio, como se recordará, entró en vigor la ampliación del servicio público de estacionamiento en superficie regulado por precio o zona azul, que contempla casi 190 calles, avenidas y plazas sometidas a esta figura de pago. A través de esta medida, la sociedad Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa), participada en un 51 por ciento por la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), pasaba a explotar 7.553 plazas de estacionamiento como zona azul a partir de las 4.112 que hasta entonces estaban sometidas a esta figura.
Todas estas plazas de estacionamiento se reparten entre las zonas Macarena, Centro, Luis Montoto, Viapol, Pirotecnia, Bami y Los Remedios, porque la isla de la Cartuja sigue pendiente de ser incorporada a este sistema.
COLECTIVOS OPUESTOS
La queja de los colectivos, según describe el departamento de Maeztu, implica un "cuestionamiento de que haya habido un profundo y verdadero proceso de dialogo con los sectores afectados con anterioridad a la implantación de la medida, toda vez que "ante la negativa municipal a eliminar la ampliación de la zona azul que se cuestiona, que es la primera reivindicación, se defiende la posibilidad de extender el tratamiento de residente a otros colectivos, como trabajadores, estudiantes, comerciantes, etcétera, por cuanto aproximadamente el 60 por ciento de las plazas permanecen vacías" y "las zonas no reguladas por zona azul han pasado a encontrarse saturadas y en ellas proliferan los aparcacoches irregulares".
Examinando el asunto, el departamento de Maeztu considera que en Sevilla "hay calles en las que es, literalmente, imposible aparcar de una forma 'legal' y las alternativas, consistentes en tolerar diariamente la doble fila y una congestión permanente de las calles, no son sostenibles, en modo alguno, en términos de movilidad", pero entiende que si se opta por una "regulación horaria, es muy necesario prever sus consecuencias y adoptar medidas previas y simultáneas para que su impacto no condicione, de forma inasumible para los afectados, su vida cotidiana".
"Además de dialogar y debatir con los colectivos afectados la decisión que se desea adoptar, hay que conocer bien el impacto social y económico de la medida y las alternativas reales que existen o se van a poner en marcha, para que el nuevo modelo que se propone sirva para acabar con los problemas y disfuncionalidades existentes", expone la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, apostando así por "la posible extensión de tarjetas-bono o precios especiales a colectivos singularmente afectados, puesta en servicio de transportes públicos o potenciación de los existentes en grado suficiente para asumir la previsible nueva demanda, extensión del carril-bici, etc".
"PARTICIPACIÓN REAL"
"En síntesis, cualquier medida que conlleve una limitación, restricción o prohibición de aparcamiento de vehículos en suelo de dominio público, además de exigir un proceso participativo real y efectivo, debe ir acompañada, para no causar el rechazo de la población, de una alternativa eficiente, en tiempo y comodidad, para los desplazamientos de la población. De lo contrario, un fuerte rechazo social resultará inevitable", expone.
Así, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz sugiere "la apertura de un proceso de diálogo, abierto, real y profundo con todos los sectores sociales afectados por la implantación del estacionamiento regulado en estas zonas, de forma que, sin perjuicio del pleno respeto al "ius variandi" de la Administración, se intente alcanzar el mayor grado de consenso posible sobre el modelo que es más aconsejable".
