Un juez de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha ordenado el ingreso en prisión provisional de los cuatro detenidos por captar en Rumanía a un joven discapacitado y trasladarlo a España para explotarlo laboralmente en el campo bajo todo tipo de amenazas y agresiones, permitiéndole comer sólo una vez al día pan duro y agua.

   En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, tras ser detenidos como autores de delitos de trata de seres humanos, detención ilegal, amenazas, coacciones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal, los cuatro sospechosos --pertenecientes a la misma familia-- fueron puestos a disposición de un juez de Sanlúcar la Mayor, que decretó el ingreso provisional de todos ellos.

   La investigación policial se inició a raíz de la denuncia de dos personas de nacionalidad rumana que decían haber sido secuestradas por los miembros de una organización y que habían aprovechado el día de Navidad, cuando sus captores se encontraban en estado de embriaguez, para escapar y llegar a Sevilla. Así, habían estado retenidos junto con otro compatriota más, que no había conseguido huir, de una vivienda de Olivares.

   Los miembros del grupo de secuestradores, todos de la misma familia, les habían propuesto venir a España desde su país de origen con falsas promesas de trabajo relacionadas con labores agrícolas como recogida de fruta o poda de arboleda a cambio de unos 700 euros al mes, incluidos alojamiento y manutención.

   Los billetes de autobús para llegar a España eran pagados por la organización, que designaba a una persona distinta a quien realizaba la labor de captación para acompañar a las víctimas durante todo el trayecto para asegurar así su llegada.


ENCERRADOS EN UNA CUADRA SIN VENTANAS

   Una vez en Sevilla, fueron trasladados a Olivares, donde les requisaron su documentación y los encerraron en una cuadra para animales sin ventanas y con unas condiciones infrahumanas, teniendo que soportar bajas temperaturas y comiendo tan sólo una vez al día pan duro y agua.

   Las dos víctimas, que habían conseguido escapar, fueron obligadas a robar naranjas, que luego sus captores vendían para obtener un beneficio económico, mientras que la tercera víctima, un joven con discapacidad física y psíquica, era utilizado dentro del hogar al servicio de los miembros de la red. Durante días, tuvieron que soportar vejaciones y amenazas de los integrantes de la organización, mediante el uso de palos y un sable.

   Con los datos aportados por las dos víctimas que consiguieron escapar, y una vez asistidas, los agentes iniciaron un operativo en el que consiguieron liberar a la otra víctima, que aún se encontraba secuestrada, y detener a los integrantes de esta red.

   Esta operación se enmarca dentro del convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, suscrito en abril de 2013.

   La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental.