La "Operación Edu" contra el fraude en los cursos de formación y que ha sido activada hoy, comenzó en abril de 2014 con una investigación iniciada por la UDEF tras una denuncia de la Seguridad Social, en la que se han visto implicados decenas de empresarios y políticos que, según los investigadores, habrían defraudado unos 2.000 millones de euros.
La investigación se centra en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, sobre todo en la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre de 2010, un caso que se conoció durante la precampaña de las pasadas elecciones europeas, y que afectaría a un gran número de empresarios.
Las empresas investigadas, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), habrían cometido falsedad en la documentación presentada junto a las solicitudes para acceder a las ayudas con el fin de simular la experiencia en formación que se exigía en la convocatoria.
La investigación policial aprecia también casos de facturas falsas con las que empresas justificaban gastos no realizados, falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos y suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza para "inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia".
Igualmente se descubrieron incumplimientos sistemáticos tanto en los contratos como en las obligaciones posteriores de las empresas, ya que la mayoría no presentó la documentación requerida "para la liquidación y justificación".
Pese a que los investigadores de la UDEF cifraron en unos 2.000 millones de euros el posible montante del fraude, el Gobierno andaluz explicó que la Seguridad Social solo había pedido información sobre 17 expedientes a raíz del caso de la Fiscalía de Málaga por una cuantía de 1,52 millones de euros de un programa de formación que contaba con un presupuesto global de 5,9 millones de euros.
En abril de 2014, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La Fiscalía consideró que la gestión de las ayudas no contaba "con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado", abría la puerta a irregularidades, y había una "ausencia de control y seguimiento" del SAE a pesar de las recomendaciones recibidas en 2004.
En la actualidad hay abiertas diligencias en juzgados de todas las capitales andaluzas, excepto Jaén, y los imputados están acusados de falsedad, malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones.
El pasado mes de junio, el juzgado de instrucción 9 de Sevilla ordenó la detención de 16 personas, que luego quedaron en libertad, entre ellos el extesorero de UGT-A Federico Fresneda y otros dirigentes sindicales por las presuntas facturas falsas del sindicato para justificar subvenciones.
La juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, también investiga presuntos fraudes en los cursos de formación y ha imputado a dos exconsejeros andaluces, Ángel Ojeda y Antonio Fernández.
Según un informe de la UDEF sobre Ángel Ojeda, que fue consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, un total de trece empresas de su entorno habrían recibido 14,6 millones de euros cuando su cuñada Teresa Florido fue la máxima responsable del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre 2011 y 2012.
Hoy se ha conocido el inicio de una nueva fase de la Operación Edu en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, denominada "Edu Costa", que puede prolongarse varios días y en la que se han dictado entre 70 y 90 órdenes de detención.
