La Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado el archivo, por prescripción, de la causa especial seguida contra el diputado andaluz Carmelo Gómez Domínguez (PSOE) en el marco del caso Mercasevilla por el supuesto cobro de 8.390 euros en un contrato que podría ser simulado.
En concreto, en el dictamen remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el Ministerio Público rechaza abrir una causa especial contra el parlamentario andaluz al haber prescrito en 2010 el posible delito de falsedad en documento mercantil por el contrato simulado con la empresa Imagine Solutions S.L., vinculada al 'conseguidor' Juan Lanzas, y el posible delito de cohecho por el dinero recibido de la empresa (8.390 euros más 1.647 en concepto de IVA).
Gómez, de 48 años, secretario de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE-A y presidente de la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento autonómico, fue contratado del 22 de marzo de 2007 al 1 de agosto de 2007.
Según informa la Fiscalía en un comunicado, esta causa está relacionada con las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desde 2009 sobre diversas operaciones societarias, presuntamente fraudulentas, llevadas a cabo en perjuicio de la entidad Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla S.A. (Mercasevilla).
En 2015, en el curso de la investigación judicial, aparecieron indicios que apuntaban que con fondos procedentes de Mercasevilla se estuvieron abonando cantidades de dinero a personas que falsamente aparecían vinculadas a Juan Lanzas Fernández, entre los que se encontraba el parlamentario andaluz.
En ese momento, el Juzgado que lleva el caso ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) un informe sobre la nómina percibida por Carmelo Gómez y dos personas más, según la Fiscalía.
El 14 de junio de 2006, el director general de Mercasevilla firmó un contrato de servicios con Maginae Solutions S.L., empresa constituida cuatro meses antes.
Firmaba como administrador único Ismael José Sierra, aunque según consta en la investigación de la UCO, quien controlaba de hecho la actividad de la empresa era Juan Lanzas.
La empresa tenía como objeto social el asesoramiento de empresas y entidades públicas y privadas en temas socio-laboral, económico y tecnológico y en la gestión de recursos humanos, control y desarrollo.
El pronunciamiento de la Fiscalía Superior de Andalucía se produce después de que el pasado mes de marzo la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, enviara por segunda vez al TSJA la pieza del caso Mercasevilla en la que está investigado este diputado andaluz.
La juez entiende que Gómez, junto a otras seis personas acusadas en este caso, entre ellos Mellet y Lanzas, habrían cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
En noviembre pasado, ya remitió el caso al TSJA porque existían "indicios racionales de criminalidad" respecto al diputado y por tanto aforado, aunque en enero se lo devolvieron para que concretara los hechos que imputaba al parlamentario.
El pasado marzo, tras varias declaraciones, la instructora envió de nuevo la causa al alto tribunal andaluz y le pidió que investigara los hechos que afectan tanto al aforado como a las personas imputadas no aforadas, al considerar que no es posible tramitar por organismos diferentes la causa del parlamentario y del resto de acusados.
Ahora la Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido el archivo de la causa por prescripción.
