Este año, celebrar el Orgullo en Sevilla será cuestión de elegir. Anoche se confirmó en el programa A Debate de Ondaluz Sevilla TV la división que existe actualmente entre las distintas organizaciones y plataformas que representan al amplio colectivo LGBT en Andalucía con la convocatoria de dos manifestaciones el mismo día y a la misma hora. Ambas se celebrarán el próximo sábado, 23 de junio, a las ocho de la tarde.
Una, la considerada “oficial” -aunque a los convocantes no les gusta el término- convocada por la plataforma 28J, que aglutina a más de un centenar de colectivos, y que irá desde la Diputación de Sevilla hasta la Alameda, donde se leerá un manifiesto.
La otra, convocada por la plataforma 40 Aniversario de la primera manifestación por la libertad sexual, desde el Parlamento de Andalucía hasta los Jardines del Valle, cuyo fin de fiesta “trans, marica, bollo” –como ellos mismos la han denominado- está en el aire.
Fiesta o protesta
Al hilo de eso, la portavoz de la plataforma del “Orgullo Crítico”, Mar Cambrollé se quejó públicamente de la tardanza del Ayuntamiento en concederle los permisos, afirmando que “ se están poniendo dificultades desde los poderes fácticos” y llegando a advertir que “si no hay fiesta, habrá protesta haciendo botellona en Plaza Nueva para pedir la dimisión del alcalde”. Fuentes municipales han confirmado a Ondaluz TV que no hay impedimentos para tal celebración “pero tienen que tramitar los permisos”. Preguntados sobre si así lo han hecho, as mismas fuentes respondieron que “están en ello”. que respecto a los permisos “están en ello”.
Nuevo marco jurídico
A pesar de esa diferencia en el modo de celebrar el Día del Orgullo, todos comparten los mismos objetivos, la libertad e igualdad plena en todos los ámbitos. Para ello, unos y otros comparten el criterio de que es necesario trabajar en el ámbito educativo y en el legal.
En ese ámbito, José Manuel Carrión, abogado del despacho Isbylex, abogó por que la Administración andaluza vele por la implementación de la “igualdad real y efectiva” en los centros educativos concertados adoptando un “catálogo de medidas y sanciones” que evite los casos de discriminación por razón de orientación sexual. Asimismo, Carrión también precisó la necesidad de una formación específica y adecuada de los profesionales que trabajan en el sistema judicial, “donde aún no se tiene conciencia de esa igualdad”, dijo.
