La Policía Local de Sevilla ha interpuesto una denuncia sobre el titular de un piso turístico para garantizar la convivencia entre la actividad turística y los vecinos del bloque, denunciando actividades incívicas e irregularidades en la gestión de la propia vivienda --si bien tenía licencia para VFT (Vivienda con Fines Turísticos), en realidad la actividad correcta sería la de hostal y contaba con una empleada sin contrato laboral--, y otra sanción en otra vivienda para defender los derechos de los turistas que la habían alquilado, ya que no cumplía las condiciones de salubridad.

"Por un lado se garantizaba el derecho de los vecinos, y por otro, el derecho de los turistas y la imagen de la propia oferta turística local", resalta el concejal de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, quien ahonda en un comunicado en que este tipo de actuaciones las realiza la unidad turística de la Policía Local, que recientemente se ha reforzado con su traslado a oficinas anexas a las de Turismo de Sevilla, en el Paseo Marqués de Contadero, para una mayor especialización y una mejor coordinación con el organismo de promoción turística de la ciudad.

La primera de las viviendas turísticas radica en la calle Francos, en el Casco Antiguo, de la que se recibieron quejas vecinales aportando fotografías del mal uso que sus inquilinos estaban realizando en una vivienda del bloque y en dependencias comunes, con personas ebrias durmiendo en la azotea, ropa interior y bolsas de basura por escaleras y pasillos e incluso bicicletas en la entrada que impedían el uso del ascensor para personas con movilidad reducida.

Los agentes pudieron acreditar tanto por esas denuncias vecinales como por diversos portales de internet que la vivienda turística llevaba en funcionamiento desde 2014, incluso durante el primer estado de alarma por la pandemia, aunque no regularizó su actividad hasta diciembre de 2017, casi dos años después de entrar en vigor el decreto autonómico que obligaba a hacerlo.

Tras girar inspección a la vivienda, comprobaron que si bien tenía licencia para VFT (Vivienda con Fines Turísticos), en realidad la actividad correcta sería la de hostal y que contaba con una empleada sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social. Tanto esta persona como la propietaria de la vivienda trataron de impedir la inspección policial.

Los agentes comprobaron que la vivienda estaba ocupada y tenían instaladas dos cámaras de seguridad sin autorización alguna y sin ni tan siquiera colocar el cartel avisando de la existencia de las mismas. En su descargo, la propietaria alegó en primer lugar que no funcionaban y, posteriormente, que estaban autorizadas, aunque no sabía dónde tenía la documentación.

El segundo caso se produjo en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la Plaza de Cuba, en Los Remedios, donde dos parejas de turistas reclamaron la intervención de una patrulla de la Policía Local de Sevilla al relatar que habían alquilado una vivienda turística donde había numerosas cucarachas, extremo este que fue comprobado por los propios agentes.

Los turistas relataron que habían hablado con la empresa y les mandaron a dos jóvenes con insecticida, pero estos se marcharon sin solucionar el problema. Ni le ofrecieron otra vivienda ni les devolvieron el dinero, de forma que se vieron obligados a buscar un hotel.

Los agentes mediaron en la situación, consiguieron el compromiso de la empresa gestora de esta vivienda para la devolución del dinero y denunciaron además los hechos.

Cabrera ha recordado, asimismo, que el Ayuntamiento dispone de un órgano de coordinación con presencia de varias áreas municipales, administraciones públicas y sector turístico para luchar contra los alojamientos ilegales en la ciudad de Sevilla, que suponen una competencia desleal y a veces enturbian la convivencia vecinal y suponen una clara violación de los derechos de los turistas como consumidores e incluso un fraude.