Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína a gran escala. Han sido aprehendidos 2.065 kilogramos de cocaína y han sido detenidas 12 personas a las que presuntamente se les acusa de introducir notorias cantidades de cocaína en España.
El operativo ha sido desarrollado en las provincias de Cádiz, Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona y Valencia.
Las investigaciones se iniciaron a principios del pasado 2020 sobre un núcleo de individuos asentados en las provincias de Murcia y Sevilla dando lugar a la identificación de una organización criminal cuya finalidad era crear un tejido empresarial de apariencia legal, importando carbón vegetal entre Sudamérica y Europa para poder introducir, sin ser detectados, grandes cantidades de cocaína en España a través de los principales puertos españoles.
Con ese objetivo, la organización comenzó su actividad a través del Puerto de Barcelona, llegando a introducir decenas de contenedores del referido carbón.
Una vez que los contenedores llegaban a Barcelona, eran trasladados a una nave que la organización había alquilado en Tarragona, para que, posteriormente, algunos de los investigados se encargaran de realizar la descarga de la sustancia estupefaciente.
Tras varios meses, como consecuencia de las limitaciones derivadas de la pandemia del coronavirus y con el objeto de dificultar el control aduanero, los investigados se vieron obligados a cerrar dicha vía de entrada, teniendo que generar toda la infraestructura y logística nuevamente en el Puerto de Algeciras desde mediados de abril.
Durante los siguientes meses se pudo identificar plenamente a todos los componentes de la estructura criminal, estando liderada por dos familias cuyos principales miembros se encontraban en Brasil y Paraguay, desde donde gestaron toda la operativa de la importación de la cocaína.
El siguiente escalón estaba conformado por individuos que creaban empresas con la intención de simular un tráfico de mercancía legal con productos como carbón, arroz, melaza o productos sanitarios, muy demandados en la actual crisis sanitaria.
Estos últimos se encontraban afincados en Sevilla y operaban en las localidades de Marbella, Algeciras, Cádiz y la propia capital andaluza. Los líderes de la organización incluían testaferros en todas las empresas con el fin de ocultar la verdadera identidad de los mismos y obtener abundantes beneficios tras la introducción de la mercancía.
El nexo de unión entre la cúspide de la organización y la rama empresarial se consolidó en Valencia con una experta en blanqueo de capitales que canalizaba el dinero de la organización para capitalizar la operación de narcotráfico, diversificando sus métodos de actuación y ocultamiento con el uso de criptomonedas.
Esta persona era garantía de éxito, pues muchas mafias de países del este de Europa y de Sudamérica recurrían a sus servicios debido a la facilidad de ocultar el dinero originado con el tráfico de drogas, armas o la trata de personas, y darle salida para seguir financiando el crimen organizado al más alto nivel.
Debido a la alta especialización de la organización, fue necesaria la intervención de más de cien líneas telefónicas por parte de los agentes, así como numerosas vigilancias y seguimientos por numerosas provincias españolas. También fue necesario el análisis de casi 200 contenedores importados desde los puertos de Brasil y Paraguay hasta España.
Al tener la organización capacidad para operar en los puertos de Barcelona y Algeciras, se hacía muy difícil adoptar cualquier medida sobre las importaciones por el peligro de frustrar la investigación y ser descubiertos. Así, tras un análisis exhaustivo, se procedió a la apertura de uno de los contenedores que la organización había importado desde Paraguay hasta el Puerto de Algeciras, hallándose en su interior un total de 63 fardos que transportaban 2.065 kilogramos de cocaína, los cuales se encontraban ocultos entre 40 toneladas de carbón, con la clara intención de dificultar su localización.
Finalmente, se llevaron a cabo un total de 16 registros en domicilios, despachos profesionales y establecimientos, procediendo a la detención de doce personas y a la investigación de otras tres, habiéndose emitido, además, órdenes internacionales de detención para los ahora imputados, y que se encuentran pendientes de responder ante la autoridad judicial competente.
