La juez Mercedes Alaya considera que el exdirector general de la mediadora Vitalia Vida Antonio Albarracín, que ingresó en prisión esta madrugada, "pagó" 4.291.384,10 euros a "los entornos" de los sindicatos UGT y CCOO procedentes de las 'sobrecomisiones' "pactadas" con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo (ERE).
En el auto por el que la magistrada ordena su ingreso en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), al que ha tenido acceso Europa Press, la juez señala que el imputado, director general de Vitalia desde 1995 hasta 2011, "daba las directrices y controlaba todo cuanto se refería a la parte económica de las pólizas de rentas suscritas con motivo de las prejubilaciones de trabajadores dentro de los procesos de reestructuración de empresas que se llevaban a cabo en la comunidad autónoma andaluza y que eran financiadas a discreción por la Junta".
En este sentido, la juez pone de manifiesto que, de esta forma, la Junta "se convertiría desde el 6 de octubre de 1999, fecha en que toma posesión de su cargo el director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en uno de los mejores clientes de Vitalia y sin duda en el mejor cliente de la delegación regional de la consultora en Andalucía, porque a través del cobro de ciertas comisiones ofrecidas por Vitalia por parte del citado director general, entre otros, es la Junta la que proporcionaría más trabajo e información sobre empresas en crisis, información que se traducía nuevamente en más pólizas de rentas y contratos de gestión".
A su juicio, "se trataría de un negocio bilateral en el que la Consejería de Empleo, previo ofrecimiento de dádivas por el inculpado o a su instancia, obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros, y permitiría a Vitalia por su gestión de las pólizas unas sobrecomisiones elevadísimas en relación al precio del mercado, superiores en un 15 por ciento, que serían soportadas en su mayor parte por la Junta".
"A cambio, ciertos cargos de la Administración, entre ellos el citado director general de Trabajo, recibirían importantes gratificaciones, y tendrían además la posibilidad, pues ellos eran los que ordenaban el pago de los fondos públicos, de incluir en las pólizas como beneficiarios a personas cercanas a su entorno privado o político", apostilla.
"FACTURAS FALSAS"
Al hilo de ello, asevera que Guerrero, "aparte de los sobres con dinero recibidos del hoy imputado, recibiría en sus cuentas transferencias periódicas de Vitalia por orden de Albarracín, por cantidades normalmente inferiores a 3.000 euros", de manera que el exalto cargo y su esposa recibieron en sus cuentas un total de 249.000 euros, punto en el que precisa que "con estas sobrecomisiones millonarias financiadas con fondos públicos, el inculpado Albarracín generaba importantes beneficios para su empresa, y a la vez pagaba presuntamente comisiones a todo aquel que hubiera facilitado que Vitalia gestionara las pólizas".
En este punto, cita al 'conseguidor' Juan Lanzas, "a quien el inculpado, por proporcionarle negocio, le hacía llegar su parte del dinero a través de facturas falsas ordenadas por Albarracín cuando llegaba el paso de las sobrecomisiones", no obstante lo cual el imputado "no sólo ordenaría pagar los servicios de Juan Lanzas, sino que también los haría mediante la inclusión de Lanzas y su esposa en la póliza de Hitemasa derivada del ERE, no habiendo trabajado éstos nunca para esta empresa", percibiendo así una renta de 455.014,72 euros, lo que "consentiría" la Junta "en claro perjuicio del erario público".
La magistrada agrega que Albarracín "intentaría de nuevo pagar a Lanzas sus servicios de intermediación con dinero público, al incluir éste en un estudio actuarial del 2008 derivado del ERE de 2007 de Mercasevilla, si bien finalmente no se incluyó en la póliza por decisión de Fernando Mellet". "Continuando con los pagos que realizaría el inculpado recibida de la compañía aseguradora la sobrecomisión pactada con la Junta, Albarracín presuntamente pagaba también a los sindicatos, a los entornos de UGT y CCOO, a los que ordenaría el pago de 4.291.384,10 euros, según los datos bancarios y fiscales analizados, y por supuesto se enriquecería él mismo a través de varios métodos".
EL 'TESTAFERRO'
Así, cita los "sobres de dinero que le entregaba entre otros Eduardo Leal", tras lo que relata que Albarracín "pasó de ser titular de cuatro inmuebles a comienzos del 2001, a ser titular en 2011 de 16 inmuebles con dos hipotecas completamente amortizadas", y señala que de estos inmuebles "al menos ocho procederían en su mayor parte de las sobrecomisiones de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía".
Por todo ello, la juez imputa a Albarracín sendos delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación, así como un delito contra la hacienda pública y otro de falsedad en documento mercantil.
La juez ordenó su ingreso en prisión al ser "más que evidente el riesgo de fuga" debido a la "larga" lista de "indicios" que se corresponde "con un número importante de delitos graves", y "en atención al considerable enriquecimiento patrimonial que ha podido tener en los años investigados", lo cual "le proporcionaría medios suficientes, no sólo para proporcionarse la fuga de él y su familia, sino su permanencia en cualquier lugar alejado de nuestra jurisdicción".
A ello se suma "el riesgo de que, de decretarse su libertad, podría entorpecer la instrucción de la causa alterando los medios de prueba, ejerciendo presión sobre otros imputados o testigos que ya han declarado y que puedan inculparle, para que modifiquen sus testimonios contra él". Además, "no sólo puede presionar a los que ya han manifestado ante el Juzgado o ante la Policía, sino sobre otros a los que áun no se les ha recibido declaración".
