La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Educación que "incremente la aportación para alcanzar la gratuidad de los libros de texto" y ha reclamado a las comunidades y ciudades autónomas, que son quienes gestionan la gratuidad, "los esfuerzos necesarios" para alcanzar dicho objetivo.
Según expone la institución, ante el inicio del curso escolar se recuerda así a las administraciones educativas "la necesidad de fomentar la gratuidad y la reutilización de los libros de texto para aliviar la carga económica que la adquisición de estos materiales supone para las familias".
Como ya recogía en su estudio "Gratuidad de los libros de texto: programas, ayudas, préstamos y reutilización" (2013), el Defensor del Pueblo viene defendiendo que los libros de texto sean propiedad de los centros escolares y se promuevan sistemas de préstamo e intercambio de materiales didácticos por considerarlos "más eficientes y de menor coste".
Por otra parte, la Institución ha recomendado a las administraciones educativas que "adopten las medidas normativas y presupuestarias para asegurar que la atención educativa de las personas con discapacidad se realiza de acuerdo con los principios de la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad".
Asimismo, destaca su "preocupación" por el acoso escolar, asunto sobre el que está elaborando un nuevo estudio monográfico para "ofrecer una descripción del alcance del problema y analizar las formas de prevención e intervención consideradas más eficaces para contribuir a mejorar la convivencia escolar".
Además de estos asuntos, otros temas que preocupan a padres y alumnos tienen que ver con las instalaciones escolares, el transporte, las becas de comedor o los problemas de escolarización en edades tempranas. El Defensor del Pueblo mantiene actuaciones abiertas para solventar estos problemas. En los ocho primeros meses del año, la Institución ha recibido más de 700 quejas en materia de educación.
