El Gobierno ha decido cesar a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, tras el escándalo de Pegasus. El cese se ha producido ocho días después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comunicara públicamente que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados con este software.

Fernando de Rosa, portavoz adjunto en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, ha comentado en Noticias 8 Mediterráneo que el cese de la directora “no es ninguna sorpresa” ya que “desde que el ministro Bolaños fue a Barcelona a rendir pleitesía a los separatistas de Esquerra Republicana de Catalunya ya se dijo que el precio que ponían era la cabeza de la directora del CNI”.

Además del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, hoy hemos conocido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha sido espiado con Pegasus a través de su teléfono móvil. De Rosa ha manifestado que “lo sorprendente” es que en junio 2021 el Gobierno de 2021 negó tener conocimiento de que se estuviera atacando con Pegasus a algún ciudadano español.

“Pienso que todo esto es una cortina de humo. Ahora van a intentar justificar el cese de una funcionaria que ha trabajado de forma impecable en defensa de la seguridad del Estado, como es la destituida directora del CNI, con que ha habido fallos en el control telefónico de miembros del Gobierno, cuando ese control y seguridad de los teléfonos del Gobierno le correspondía a la Secretaría de Moncloa, que en ese momento lo ocupaba el actual ministro Bolaños. Por tanto, no se puede atribuir estos hechos al CNI, sino al propio desastre que existe en la Moncloa”, ha declarado el portavoz.

De Rosa ha explicado que el CNI no puede actuar en alguna medida de restricción de derechos fundamentales sin la autorización de un magistrado del Tribunal Supremo. “El CNI siempre ha actuado bajo las órdenes del Supremo y así lo acreditó la propia directora del CNI cuando compareció en la Comisión de Secretos Oficiales”, ha asegurado el portavoz, quien también cree que es “extraño” que se impute cualquier fallo de seguridad al CNI cuando “siempre actúa bajo la estricta autorización y control judicial”.

El portavoz opina que “el Gobierno ha aprovechado todo este lío para cargarse a una funcionaria que estaba actuando de forma independiente” y así “nombrar a alguien del Gobierno”, lo que considera que es “una politización nueva y terrible de las instituciones del Estado”.