Un jurado popular enjuiciará a partir del 2 de febrero en la Audiencia Provincial de Sevilla a un oficial de la Guardia Civil destinado en Sevilla para quien la Fiscalía reclama un total de catorce años y cuatro meses de cárcel por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto.
En la vista oral serán juzgados otros dos acusados, y este juicio fue señalado inicialmente para el pasado mes de mayo, pero tuvo que ser suspendido después de que el abogado del oficial de la Guardia Civil investigado renunciara a su defensa.
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público reclama para el agente, por un delito continuado de cohecho, ocho años de prisión, multa de 5.400 euros y catorce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y cuatro años de cárcel y multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas.
También dos años de cárcel por un delito de hurto; cuatro meses de prisión por un delito de hurto en grado de tentativa, y el pago de una multa de 2.880 euros y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de revelación de secretos.
La Fiscalía solicita para un segundo acusado cuatro años de cárcel y multa de 3.240 euros por un delito de cohecho; otros cuatro años de prisión y multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años de cárcel por un delito de hurto, y cuatro meses de prisión por un delito de tentativa de hurto.
El tercero de los acusados se enfrenta a cuatro años de prisión y multa de tres millones de euros por el delito de tráfico de drogas; a dos años de cárcel por el delito de hurto, y a cuatro meses de prisión por la tentativa de hurto.
Según la Fiscalía, como consecuencia de investigaciones policiales iniciadas en el mes de febrero de 2019, se tuvo conocimiento de que el oficial de la Guardia Civil acusado “colaboraba con diversas personas que se dedicaban al tráfico de drogas, facilitándoles la información policial que le requerían, consistente fundamentalmente en consultas en las bases de datos policiales de personas y vehículos relacionados con operaciones de tráfico de drogas”.
De este modo, el acusado accedería a la información contenida en las bases de datos policiales, “pero que no estaban enmarcadas dentro de sus funciones como agente de la autoridad, para seguidamente revelar la información obtenida, a la que había tenido acceso con ocasión de su profesión como miembro de la Guardia Civil, a cambio de prestaciones económicas”.
El agente “se servía” del segundo de los acusados, quien “tenía contacto directo con las personas que se dedicaban al tráfico de drogas y era el intermediario entre éstos” y el guardia civil acusado, “percibiendo cantidades dinerarias por dicha actividad” y “facilitando los datos requeridos” para que el agente “realizara las búsquedas en las bases de datos policiales”.
El fiscal señala que, “para obtener gran parte de la información policial que le requerían”, el agente acusado “intentó atraer” a un agente encubierto, funcionario de la Policía Judicial autorizado judicialmente para dicha actuación.
Según el Ministerio Público, el guardia civil investigado solicitó al agente encubierto “la grabación en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de las personas físicas, personas jurídicas y vehículos vinculados a las operativas de actividades de tráfico de drogas para conseguir un plus de seguridad y garantizar el éxito de la actividad y también conocer si alguna unidad policial los estuviera investigando”.
