4.000 millones de litros anuales de vertido tóxico al río Guadalquivir, con aguas cargadas de metales como arsénico, mercurio y cromo, componen la principal objeción que las principales asociaciones ecologistas del país hacen a la “irresponsabilidad” de reabrir la mina de Aznalcóllar, que gestionará la multinacional Grupo México a través de su filial española Minera Los Frailes, vertidos que el proyecto ha incrementado “en un 50%” sin que haya sido sometido a información pública, mientras Podemos Sevilla alerta de que no se ha contemplado el efecto de la sequía y la reducción del caudal del Guadalquivir, convertido en un “río de sacrificio e industrial”.
Ecologistas en Acción, WWF, Greenpeace, Amigos de la Tierra y SEO Birdlife, las principales asociaciones ecologistas del país, han presentado alegaciones contra el proyecto de explotación de Aznalcóllar que tramita la Delegación Territorial de las consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, a los que se han sumado numerosas asociaciones de la ciudad y personas a título individual, además de Podemos Sevilla, que ha sumado alegaciones propias elaboradas por su comité científico. Todos han escenificado este viernes su oposición al proyecto ante la Audiencia de Sevilla, que será la que en marzo de 2025 enjuicie la adjudicación al Grupo México, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación.
La clave principal de las alegaciones es la tubería de 30 kilómetros que parte del recinto minero en Aznalcóllar, cruza los términos de Sanlúcar, Valencina, Olivares y Salteras, terminando en Santiponce, frente al estadio de la Cartuja, para verter al año al Guadalquivir, a su estuario y a la zona protegida por la Red Natura 2000, unos 4.000 millones de litros de aguas tratadas pero contaminadas de metales pesados como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, plomo, selenio y zinc.
Isidoro Albarreal, de Ecologistas, detallaba ante la Audiencia que, si bien en la primera fase del proyecto contemplan el vaciado de la corta minera, que aunque con un tratamiento se intente depurar seguirá manteniendo una “cantidad brutal” de metales pesados, será peor durante los 17 años de duración del proyecto minero, cuando al año se viertan 4.000 millones de litros al río de aguas contaminadas. “Cuando salió a información pública decían que eran 2.600 millones de litros pero la empresa se ha permitido aumentar el vertido en un 50% y sin someterlo a información pública”, alertaba Albarreal.
Además, denunciaba que el Ayuntamiento de Aznalcóllar, “que tanto interés tiene en la reapertura”, “ha ocultado” toda la información a lo largo de la tramitación del proyecto y sólo “hace dos días” lo ha publicado en el tablón digital, “por lo que entendemos que se abren otros 30 días” de periodo de información pública, mientras oficialmente es este viernes cuando se cierra el periodo de alegaciones abierto por la Delegación Territorial de las consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla. Extienden ese incumplimiento de obligaciones de participación, información y transparencia para la Autorización Ambiental Unificada (AAU) lo han cometido todos los municipios implicados, por lo que entienden que el proceso "tendrá que reproceder para cumplir con la legalidad ambiental vigente".
Juicio pendiente: puede anular todos los permisos
Al propio proyecto y a la tramitación del mismo se añade una queja principal que Ecologistas lleva reiterando sobre la reapertura de Aznalcóllar: que actualmente hay un proceso judicial, que se dilucidará en la Audiencia de Sevilla y a partir de marzo de 2025, contra la autorización de los derechos de explotación y en el que están implicados catorce funcionarios además de dos empresarios, los hermanos López Magdaleno, de la empresa Magtel, socia de la filial del Grupo México que fue adjudicataria y que interpuso Emerita. “Es una irresponsabilidad”, zanjaba Albarreal, ya que entiende que “dentro de dos años, todas las autorizaciones pueden ser ilegales”.
“Con este proceso judicial, la Junta de Andalucía, la actual del PP, sigue siendo cómplice de la corrupción de la época del PSOE”, apuntaba el dirigente ecologista, que lanzaba una advertencia: “los llevaremos a los tribunales por la vía contencioso-administrativa”.
Por su parte, la portavoz de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, calificaba que la reapertura de Aznalcóllar está en un “punto de no retorno” para el Guadalquivir, convertido en un “río de sacrificio e industrial” e informaba de que su partido, además de sumarse a las alegaciones de Ecologistas, ha presentado una específica sobre la sequía, ya que el proyecto no ha tenido en cuenta su efecto sobre el caudal, más bajo que el contemplado, y con una “concentración de metales que posiblemente sea letal”.
Hornillo también ha reclamado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que “defienda nuestro río, que es una seña de identidad” y que no ha visto “en ningún folleto de Fitur”, lamentando que Europa va a poder ver cómo se contamina el río y su impacto en ese turismo de calidad que ahora dicen que buscan.
Además, desde las asociaciones vecinales y ecologistas de la ciudad que se han sumado a estas alegaciones, han reclamado más implicación de los distintos ayuntamientos. “Exigimos la implicación, más allá de los partidos, de todos los municipios, ya tenemos experiencia con la marea negra y el silencio, no es la solución”, apuntaba Javier Ros, de la Plataforma en defensa del Ficus de San Jacinto.
