Rechazó así las acusaciones del diputado del PP Ricardo Tarno, quien se quejó de la inacción del Ejecutivo en este caso, quizá por temor, apuntó, a que estén implicados algunos dirigentes socialistas andaluces y esto afecte a sus resultados electorales en Andalucía.
Cuando se cumple un año desde que el PP denunciara que dos directivos de Mercasevilla extorsionaban a empresarios pidiéndoles comisiones ilegales en nombre de la Junta, según este partido hay seis destacados socialistas imputados de un total de catorce y la posible comisión de los delitos de cohecho, estafa y malversación de caudales públicos, entre otros.
Y ante estos hechos, afirmó el representante del grupo popular, el Gobierno no ha actuado “de manera clara” siendo la SEPI como es propietaria del 48,3% de la empresa -el 51,4% corresponde al Ayuntamiento de Sevilla-.
“¿Qué esconden, de qué tienen miedo?”, preguntó Tarno a la vicepresidenta, de quien dijo que será responsable “por omisión” de las irregularidades que se detecten, si no facilita que se personen en la causa o bien la SEPI o Mercasa.
Elena Salgado le replicó que fue la misma Junta de Andalucía la que notificó a la Fiscalía la posible comisión de un delito de cohecho en el que podían haber incurrido determinados gestores de la empresa.
Además, recordó que el Consejo de Administración de Mercasevilla se ha personado en el procedimiento judicial y “se sigue colaborando” con la administración de justicia.
En este momento, subrayó , el caso está judicializado y, por tanto, debe ser la justicia la que aclare lo sucedido.
Por su parte, el tribunal de la Audiencia de Sevilla que debe resolver la recusación de la jueza del caso Mercasevilla ha preguntado a la Fiscalía si sigue apoyando su abstención, a la vista de la nueva certificación sobre el trabajo del marido de la magistrada como auditor del mercado central, ya que éste auditó las cuentas de la empresa hasta 2001.
