Una de las participantes en el foro fue la secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Teresa Ribera, quien advertía de que vivimos “un tiempo de prórroga de energías baratas” y de que la crisis es “un momento de transición intensísimo” para cambiar de modelo económico.
Ribera destacaba que la reactivación de la economía irá acompañada de graves tensiones financieras y ambientales si antes no se logra “un adecuado desacoplamiento” de la dependencia de los combustibles fósiles.
Recordó que el precio actual del barril de petróleo, unos 40 dólares, dista mucho de los 150 dólares que se pagaban hace apenas dos años y enfatizó que “produce escalofríos” pensar en los impactos ambientales, económicos, geoestratégicos y de seguridad que supondría volver a un crecimiento económico con estos precios del crudo.
Ribera destacó que la “encendida polémica” sobre el impacto de los biocombustibles en el encarecimiento del precio de los alimentos básicos ha dado paso a la evidencia de que en dicha subida hubo elementos cruciales de especulación financiera.
El representante de la Asociación de Productores de Energías Renovables Emilio Font apuntó que la bajada del precio de los productos alimentarios de forma paralela a la del crudo y pese al aumento de la producción de biocombustibles “deslegitima la controversia” creada al imputar a estos nuevos carburantes la subida mundial de los precios de los alimentos básicos.
En opinión de la secretaria de Estado de Cambio Climático, los biocombustibles no suponen “la solución al cien por cien de los graves problemas de contaminación” del sector del transporte pero sí “una de las primeras herramientas” para reducir su dependencia del petróleo.
Recordó que el transporte “es uno de los grandes quebraderos de cabeza” en la lucha contra el cambio climático pues consume el 38 por ciento de la energía, genera el 25 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y no sólo no ha reducido sus emisiones, sino que las ha duplicado desde 1990.
Con todo, Ribera matizó que el año pasado fue el primero en el que las emisiones de GEI del transporte bajaron -un 6 por ciento, hasta equipararse a las emisiones de 2005- descenso que no puede achacarse sólo a la crisis, en su opinión.
Ribera también valoraba el recorte de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero logrado por el sector eléctrico que, ha recordado, deberá proseguir en los próximos años, ya que el sector logró el año pasado aumentar su generación en un 2 por ciento -“cifra extraordinariamente significativa frente a la caída de la producción de muchos sectores económicos”, destacó- y reducir sus emisiones de GEI en más de un 17 por ciento.
“El sector eléctrico es, probablemente, el que con mayor claridad ha entendido el mensaje (de la necesidad de reducir sus emisiones de GEI); otra cosa es que también es un sector donde todavía queda un margen importante de cambio porque puede mejorar su ratio de emisiones por electricidad producida”, añadió.
Ahorro y eficiencia energética
Opinó que las medidas impulsadas por algunas administraciones para incentivar el ahorro y la eficiencia energéticas, así como el desarrollo de las energías renovables “han sido determinantes” para este mejor comportamiento ambiental del sector eléctrico español.
“Esta es la senda que queremos propiciar y pensamos que este mensaje lo ha entendido el sector eléctrico”, añadió. Con todo, Ribera recordó que España es uno de los países que ha respaldado en la UE que el sector eléctrico tenga que comprar a partir del 1 de enero de 2013 todos los derechos de emisión que necesite, frente a la situación actual en la que una mitad de sus emisiones no están penalizadas.
Ribera también ha destacado la necesidad de que las exigencias ambientales no se entiendan como un obstáculo para la superación de la crisis y el crecimiento económico sino como una oportunidad y ha indicado que la sociedad “entiende cada vez más” el valor del entorno y la importancia del ahorro de energía o del ahorro de agua.
Por su parte, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Fuensanta Coves, calificaba en la inaguración de este foro, como “absolutamente ridículo” el hecho de negar el cambio climático, un ámbito en el que Andalucía se encuentra a la “vanguardia” de Europa en materia ambiental.
“Somos parte del problema y queremos ser parte de la solución”, indicó la presidenta del Parlamento, quien añadió que es necesario tener políticas ambientales “ambiciosas y poner un techo muy alto” a la hora de establecer los objetivos a conseguir, ya que “sólo de este modo se alcanzarán”.
En este marco, Coves afirmó que “la naturaleza no espera y la acción inmediata es necesaria”, destacando la influencia de la acción de las Administraciones en su desarrollo.
En este sentido, indicó que la diferencia entre una gestión buena y otra mediocre se establece en “saber prevenir” y destacó el “ambicioso proyecto” del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el nuevo impulso dado a las energías renovables.
Por su parte, el ex presidente del Congresos de los Diputados, Manuel Marín, calificó la dependencia energética como el nuevo “talón de Aquiles” de Europa e insistió en la búsqueda de un nuevo modelo que sirva como dinamizador de empleo y motor económico.
Estudian la potencialidad de la biomasa para poder instalar una nueva planta en Cartaya
Analizar el potencial del aprovechamiento de la biomasa es el objeto de un convenio firmado por el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) y las empresas Natural Electric y Tamoin Energías Renovables y que se materializará en la futura instalación de una planta de biomasa en la localidad.
El objetivo de este análisis, como explicaba Juan Antonio Millán, alcalde de Cartaya, será cuantificar la cantidad de biomasa residual del municipio según sus orígenes (agrícola, ganadera o industrial, pero sobre todo, el forestal), para posteriormente estudiar la viabilidad técnica y económica de la implantación de una planta de generación de energía eléctrica a partir de biomasa. El proyecto tiene un presupuesto cercano a los 30.000 euros, de los que la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) subvenciona 8.300 euros y el resto lo aportan las dos empresas privadas que cofinancian el estudio.
