El exalcalde de Castril (Granada) José Juan López Ródenas (PSOE) ha declarado este martes su inocencia y ha defendido su gestión en la adquisición de un local anexo al ayuntamiento durante su etapa de gestión, alegando ante el tribunal que no hubo más ofertas que la de este inmueble y que durante la tramitación del expediente no hizo "ninguna indicación" ni al secretario ni a la arquitecta municipal.
Los tres serán juzgados hasta el miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía, que ha estado presente en el juicio, no ejerce acusación contra ellos y solicitó en su momento el sobreseimiento provisional de la causa por entender que no existen elementos de prueba suficientes.
La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril (ahora gobernado por Nuevo Castril) ha solicitado seis años y un día de prisión y diez de inhabilitación especial para López Ródenas por entender que adquirió este local "eludiendo" la legalidad y pagando más de su valor.
Él ha negado ambos extremos y ha dicho que la compra del inmueble era una "necesidad imperiosa" para ubicar allí los servicios sociales de forma que fueran accesible para los usuarios, personas mayores que en algunos casos no podían acceder por las escaleras a esas dependencias.
Ha precisado que se dio traslado de la oferta de compra a los siete propietarios de los locales anexos al ayuntamiento y que sólo uno quiso vender, por lo que "no había más opciones para elegir". Pese a ello, se hizo "todo el expediente completo", durante el cual no dio ninguna indicación ni al secretario, que lo gestionó, ni a la arquitecta municipal respecto a la tasación del inmueble.
"Son dos profesionales y ni hubieran admitido indicaciones de este tipo ni yo se las he hecho", "sólo teníamos una relación profesional", ha argumentado el exalcalde, quien ha precisado que el pago del inmueble se afrontó con una subvención de la Junta y que posteriormente se reformó, aunque la segunda fase no se hizo por la entrada del nuevo gobierno local. López Ródenas, que se ha negado a responder a las preguntas de la acusación particular, también ha dicho que no existieron reparos en el expediente.
La causa gira en torno al decreto de Alcaldía que el 25 de julio de 2008 dictó López Ródenas dando luz verde a la adquisición de este local conocido como las marraneras, pagando 95.294 euros, de los que unos 81.000 euros estarían financiados por la Consejería de Gobernación a través de una subvención.
El fiscal, que ha interrogado al exalcalde durante el juicio, señala en su escrito de acusación provisional que los hechos denunciados no revisten caracteres de infracción penal.
Mantiene, de hecho, que del examen de la documentación aportada "no se infiere indicio de arbitrariedad" en la adopción de la resolución y no ve acreditada "una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa" ni una "conducta concertada, deliberada y consciente por parte de los investigados de resolver al margen del ordenamiento jurídico".
