La Comisión de Gastos Reservados del Congreso estará un tiempo dormida porque ni la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ni los grupos han planteado aún su constitución, sabedores de que la presencia en este órgano de grupos como Vox o EH Bildu puede generar vetos cruzados.
Distintas fuentes parlamentarias, tanto en la Mesa como en los grupos, constatan a Efe que nadie ha hablado aún sobre cuándo alumbrar dicha comisión.
Un mes después de la configuración de más de treinta comisiones parlamentarias, entre ellas las mixtas que reúnen a diputados y a senadores, no están todavía todas las que son, o las que deberían ser.
A la espera de que cuaje alguna propuesta para crear una comisión de investigación, a la espera también de vea la luz la comisión de nombramientos (es la que tendrá que dar al aval a, por ejemplo, parte de los nuevos vocales de la Junta Electoral Central), hay una que parece haberse sumido en un letargo del que tardará en despertar.
Es la Comisión de Gastos Reservados, antes conocida como de Secretos Oficiales. La causa de que todavía no haya cogido forma, e incluso de que no se prevea su constitución a corto plazo, reside en las suspicacias que existen entre los grupos parlamentarios sobre quién debe formar parte de ella y quién no.
Para entender esas suspicacias conviene recordar qué es la Comisión de Gastos Reservados.
Su razón de ser proviene de dos leyes: una de 1995 que regula "un control parlamentario directo" de este tipo de gastos "a través de una comisión", y otra de 2002 sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que también atribuye a una comisión del Congreso labores de supervisión.
Distintas resoluciones de la Presidencia de la Cámara han perfilado las características de la citada comisión.
Así, aquellas cuestiones clasificadas como "secreto" por parte del Gobierno requerirán la creación de una comisión en la que estará "un diputado por cada grupo parlamentario".
Las designaciones se llevarán a cabo en una sesión plenaria mediante una votación en urna, y los candidatos deberán contar con el respaldo de una mayoría de tres quintos, es decir, de al menos 210 votos. Por regla general, la composición la encabeza la Presidencia y la completan los portavoces de los grupos.
Las sesiones se desarrollan a puerta cerrada debido al carácter sensible de la información que se analiza y, por este motivo, los diputados únicamente pueden hacer anotaciones sobre lo que les cuente el Gobierno. No pueden tomar fotos ni grabar nada de lo que se enseñe o se diga, ni comparecer después ante los medios.
Pues bien, el procedimiento no ha empezado aún y previsiblemente tardará. Una fuente de las consultadas por Efe sostiene que la presidenta, Meritxell Batet, se tomará un tiempo antes de empezar, en espera de que los grupos se pongan de acuerdo y eludan vetos cruzados.
Las fuentes de los grupos mayoritarios del Congreso recalcan que las conversaciones al respecto no se han producido todavía.
Pero estas mismas fuentes reconocen su preocupación. Dado que en la comisión participan los portavoces de todos los grupos parlamentarios, los de Vox y EH Bildu, así como el de ERC, deberían asistir a sus sesiones. También Laura Borràs, que es diputada de JxCat y portavoz del Grupo Plural.
A los grupos de centroderecha y de derecha no les agrada en absoluto la posibilidad de que la formación abertzale tenga acceso a información clasificada del Estado. Una fuente de una formación independentista admite, en este sentido, que les quieren "vetar".
Y a los grupos de izquierda no les complace que Vox conozca aspectos secretos o reservados.
Como la composición de esta comisión ha de concitar el apoyo de 210 diputados del Congreso, sobre un total de 350, las opciones de no alcanzar este umbral son altas debido a las suspicacias y a los posibles vetos cruzados.
Precedentes hay al respecto: durante la X legislatura ERC no formó parte de la Comisión porque el PP, grupo con mayoría absoluta, alegó que no contaba con grupo propio. Los tres diputados integraban entonces el grupo mixto.
En la XII legislatura la constitución de la comisión necesitó seis meses. Entretanto, Esquerra, que sí tenía grupo propio gracias a sus nueve escaños, denunció que no se creaba para evitar que entrara.
Finalmente, en febrero de 2017, en una sesión plenaria, vio la luz y el portavoz de ERC, Joan Tardà, entró.
La Comisión de Gastos Reservados es trascendental dentro de la función de control que sobre este ámbito se le reconoce al Congreso.
Una fuente de uno de los grupos más importantes de la Cámara pone un ejemplo: si la comisión estuviera creada, podría haberse tratado en ella el encuentro entre el ministro José Luis Ábalos y la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez.
