El gobierno de Juan Ignacio Zoido trata de imputarle a la gestión del Ayuntamiento anterior, que presidió Monteseirín, la plena responsabilidad en el conflicto abierto por la empresa Detea, que le reclama 17,1 millones de euros por los retrasos en la entrega de tres edificios en la isla de la Cartuja -dos de ellos en estado ruinoso- y la devolución de los 23,7 millones que pagó en su día por los mismos. Sin embargo, del análisis comparativo de la gestión de los dos Consistorios podría colegirse que al gobierno de coalición PSOE-IU anterior sólo le serían imputables entre el 3,57% y el 5,12% de la cantidad demandada, mientras que el resto (entre el 95 %y el 96,5%) sería achacable al Ayuntamiento actual del PP.
La historia se remonta al año 2008. Tras resultar ganador del concurso público convocado a tal efecto por la Gerencia de Urbanismo dos años antes, la empresa Detea firmó el 11 de enero de 2008 con el Ayuntamiento un contrato de compraventa de tres parcelas y sus correspondientes edificios situados en la isla de la Cartuja, dentro de la antigua Banda de Servicios de la Expo-92:
-La parcela más el inmueble denominado S-1 fueron valorados en 7,8 millones de euros.
-La parcela y el edificio conocido como C-1 fueron valorados en 5,7 millones de euros.
-La parcela y el inmueble llamado C-3 fueron valorados en 10,2 millones de euros.
En total, Detea pagó al Ayuntamiento 23,7 millones de euros, en una operación vinculada a la construcción de una nueva sede de la Policía Municipal en la Ranilla, que se adjudicó a la propia Detea y Aldesa por un valor de 19,4 millones de euros. Como la Policía Local ocupaba justamente los edificios de la isla de la Cartuja que adquiría Detea y no se podía trasladar hasta que no se construyera la nueva sede en la Ranilla, el Ayuntamiento de coalición PSOE-IU presidido por Monteseirín y la empresa acordaron que la Policía podría seguir ocupando sin coste alguno para el erario municipal los antiguos inmuebles de la Expo 92 durante dos años (presuntamente, el plazo en que se confiaba acabar las obras en la Ranilla) y que por cada mes de retraso a partir de entonces en el desalojo de los mismos el Consistorio abonaría a la constructora una indemnización de 13.000 euros mensuales por los edificios S-1 y C-3 y de 10.000 euros por el C-1.
SAQUEO EN LA CARTUJA
No se tuvieron más noticias al respecto hasta cuatro años después, concretamente el 24 de junio de 2012, cuando Detea anunció que estudiaba denunciar al Ayuntamiento por haberle entregado en ruinas el edificio C-3, ocupado por la Delegación de Movilidad y la Policía Local. Tras la visita de sus técnicos, la empresa levantó acta notarial del estado ruinoso en que se hallaba, denunció los hechos a la Policía Nacional y encargó a su asesoría jurídica el posible inicio de acciones legales inmediatas para restablecer el perjuicio que la devaluación del valor patrimonial del inmueble suponía para la compañía.
Hasta agosto de 2012, y a instancias de la oposición, el gobierno local no dio su versión oficial de lo sucedido. La Delegación de Seguridad y Movilidad informó en la Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones que retiró del inmueble “aquellos elementos de valor y de interés que fueron seleccionados”, tales como aparatos de aire acondicionado, luminarias, techos practicables y sanitarios, mientras que un funcionario solicitó “la retirada de taquillas y muebles desechados, actuaciones que realizó al parecer una chatarrería”.
La Delegación, cuyo titular es Demetrio Cabello, afirmaba que el inmueble fue desocupado el 8 de junio tras el traslado del Centro de Control y Operaciones de la Policía y que se mantuvo “vigilancia estática” hasta el 10 de junio, y la vigilancia dinámica “mientras que el personal del Servicio de Edificios Municipales retiraba diverso material de esta instalación. Finalizado este proceso -añadió- quedaron cerrados debidamente tanto los accesos directos del edificio como los perimetrales”. Demetrio Cabello recordó asimismo que el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja disponía de “un servicio de seguridad privada y control de accesos en horas nocturnas”.
INTERPRETACIÓN DE ESPADAS
Por su parte, tras conocer la respuesta de la Delegación de Seguridad, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, manifestó: “Ha habido una negligencia y una falta de coordinación entre los servicios municipales, que ha quedado de manifiesto, y el gobierno local reconoce que ha habido un doble expolio del edificio de Detea. El primero estaba autorizado y lo llevaron a cabo los propios servicios municipales, mientras que el segundo fue producto de la falta de control, que permitió la entrada de chatarreros en un edificio que se pensaba reutilizar como oficinas”.
Espadas mostró su sorpresa por el hecho de que el gobierno local considerara “casi una práctica habitual desmantelar un edificio propiedad de una empresa que estaba vendido pero aún sin recepcionar”, retirando efectos para trasladarlos a otras sedes municipales para, posteriormente, “permitir que una chatarrería entrara a retirar taquillas, muebles y todos los materiales de valor que había en el edificio, causando graves deterioros. Todo esto, además, días antes de firmar un acta de recepción el 15 de junio con la firma Detea en la que se comprometía a entregar el inmueble con todos sus bienes y pertenencias”.
DEMANDA CONTRA EL AYUNTAMIENTO
Medio año después de aquel expolio, la empresa Detea presenta ante el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento, “como fase obligada antes de acudir a los tribunales”, una demanda por incumplimiento de los contratos firmados en 2008, conforme a los siguientes aspectos:
1) Resolución y anulación del contrato de compraventa, con la devolución al Ayuntamiento de las parcelas y los edificios y la devolución por parte del Consistorio de las cantidades recibidas. Este punto es el más importante de todos, ya que obligaría al Ayuntamiento a devolverle a Detea los 23,7 millones de euros que percibió hace cuatro años de la constructora.
2) El cobro de los gastos e intereses abonados por Detea durante este periodo de tiempo.
3) El pago de los daños y perjuicios que la gestión municipal ha causado a la empresa constructora por la entrega de dos edificios en estado “prácticamente ruinoso”, así como el retraso de dos años y medio en la recepción de los mismos. Detea no sólo se refiere al inmueble C-3, antigua sede de la Delegación de Movilidad Ciudadana y de la Policía Local saqueada en junio de 2012, sino también al edificio C-1, de oficinas y taller de vehículos de la Policía, que presentaba “un estado lamentable y graves desperfectos”, por lo que a su juicio el Ayuntamiento ha hecho “una dejación absoluta en su compromiso de conservación, particularmente en el C-3”.
Por los puntos 2 y 3, Detea pediría una indemnización de 17,1 millones de euros.
Así pues, globalmente nos hallamos ante una reclamación que de ser aceptada por el Ayuntamiento o fallada en favor de Detea por los tribunales implicaría para el Consistorio un desembolso de 40,8 millones de euros.
El portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez, ha reaccionado a la demanda de Detea diciendo que “de nuevo nos encontramos con un problema sin solucionar del anterior gobierno, como el ocurrido la pasada semana con Sacyr (que también exige la resolución del contrato por las ‘Setas’ de la Encarnación y una indemnización de 35 millones de euros) porque el ex-alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín firmaba y cerraba acuerdos con distintas empresas comprometiendo a la ciudad”.
ANÁLISIS COMPARATIVO
La reclamación por 17,1 millones de euros de Detea se basa en dos grandes conceptos: el retraso en la entrega de los edificios y el estado ruinoso en que se hallaban dos de los tres, por lo que en aplicación del contrato firmado en enero de 2008, al gobierno de Monteseirín sólo cabría imputarle la parte alícuota de la demora acaecida durante su mandato, mientras que el resto correspondería al mandato de Zoido, conforme al siguiente desglose:
-Edificio S-1 o Charlie III en el argot de la Policía: Por declaraciones de representantes del sindicato de la Policía Local en verano de 2011 se tiene constancia de que fue entregado a Detea antes de julio (o sea, en junio a lo más tardar) y que todo su contenido se trasladó a los bajos del Paseo Alcalde Marqués del Contadero. Dado que Zoido no tomó posesión de la Alcaldía hasta el 11 de junio, los 17 meses de retraso en la entrega y que otorgaban a Detea el derecho a percibir 13.000 euros mensuales de indemnización, hasta un total acumulado de 221.000 euros, serían plenamente imputables al gobierno anterior.
-Edificio C-1: Entregado a Detea, con graves desperfectos, en mayo de 2012. Aquí cabría imputar a la gestión del gobierno de coalición PSOE-IU un retraso de 17 meses que, a razón de 10.000 euros mensuales, supondrían 170.000 euros. Los 11 meses restantes de demora corresponden a la era Zoido y suponen una factura de 110.000 euros.
-Edificio C-3: Entregado, en estado ruinoso, en junio de 2012. Diecisiete meses del retraso son imputables a la era Monteseirín, con una indemnización de 221.000 euros, mientras que al gobierno de Zoido le corresponde un retraso de 12 meses, por un importe global de 156.000 euros.
Por tanto, debido a la demora en la entrega, al gobierno de Monteseirín le serían imputables 612.000 euros, equivalentes al 3,57% de los 17,1 millones de euros que exige Detea, y al de Zoido, 266.000 euros, equivalentes al 1,55%. Y si se imputa al gobierno anterior toda la demora en la entrega de los edificios por la imprevisión y los retrasos en la construcción de la alternativa comisaría de la Ranilla, los 878.000 euros por tal concepto supondrían sólo el 5,12% de la cantidad reclamada por Detea, ya que el 95% de la misma se debe a la ruina de los inmuebles, propiciada presuntamente por una falta de vigilancia producida en el actual mandato, y por tanto no se puede achacar a la “herencia recibida” como pretende el portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez.
