El proyecto de la nueva biblioteca universitaria emanó de la producción en serie -todos los diseños suelen ser de la misma factura- del taller de la arquitecta angloiraquí y premio Pritzker de arquitectura, Zaha Hadid, que ni siquiera apareció por Sevilla para conocer el emplazamiento del encargo y ver por tanto cómo podía encajar su diseño en una zona marcada por inmuebles tan importantes como la antigua Fábrica de Tabacos, la Plaza de España, de Aníbal González, y la protegida estación de autobuses, obra de Juan Talavera y Rodrigo y Felipe de Medina Benjumea. El equipamiento universitario formaba parte del faraónico programa arquitectónico impulsado por Monteseirín durante las ‘vacas gordas’ de la burbuja inmobiliaria para dejar su huella en la ciudad, con proyectos megalómanos como las ‘setas’ de la Encarnación, la torre Pelli y un par de rascacielos más sobre los recalificados terrenos de las factorías de Abengoa y Cruzcampo en el entorno de la Avenida de Andalucía.
Prácticamente todos ellos fueron objeto de una fuerte contestación ciudadana, tanto por su multimillonario coste -Monteseirín acabó desviando a las ‘setas’ de la Encarnación el dinero destinado en el nuevo PGOU a los futuros barrios de Sevilla- como por su impacto en el paisaje urbano, un movimiento opositor que sólo se ha trasladado a los tribunales de Justicia en los casos del rascacielos que construye Cajasol en la isla de la Cartuja y de la biblioteca universitaria.
David contra Goliat
No es casualidad que haya sido en el Prado, un antiguo ejido comunal y como tal perteneciente a todos los sevillanos, donde se ha librado esta gran batalla de David contra Goliat y en la que, rememorando el relato bíblico, de nuevo ha triunfado el más débil y no el más poderoso. Ya en los años 60 del pasado siglo, en plena vigencia del franquismo y pese al miedo que inspiraba la Dictadura, colectivos ciudadanos encabezados por el entonces muy progresista Colegio de Arquitectos se movilizaron para frenar otro intento de privatizar los suelos para la construcción de unos grandes almacenes. La reivindicación del carácter comunal del Prado en cuanto ejido desde tiempos inmemoriales logró tumbar aquella operación especulativa y permitió preservar un espacio equivalente a la pekinesa plaza de Tien Anmen para las generaciones actuales.
El debate sobre cómo reutilizar el Prado tras el traslado de la Feria de Abril al campo de Los Remedios siempre pendió como una espada de Damocles sobre unos terrenos muy apetecibles por ‘demasiado’ extensos y ‘demasiado’ cercanos al Centro de Sevilla. En los años 90, con Alejandro Rojas Marcos de alcalde, se sometió a un singular referéndum ciudadano, sólo moralmente vinculante, la decisión sobre el futuro de este gran espacio colectivo. Ganó por mayoría de los poco más de veinte mil votos emitidos la opción de convertirlo en un jardín, una gran zona verde que fuera antesala y continuación del Parque de María Luisa. Y así se hizo, incluso con financiación de la Unión Europea.
Recalificación urbanística
Casi veinte años después, pese a que los jardines estaban plenamente consolidados y había árboles de gran porte gracias al rápido crecimiento propiciado por el clima, el fértil suelo sevillano y la cercanía del manto freático ligado al Guadalquivir, Monteseirín se alió con el entonces rector, Miguel Florencio, de cuyo equipo formaba parte en calidad de vicerrector de Infraestructuras su posterior sucesor al frente de la Hispalense, Joaquín Luque, para impulsar uno de sus proyectos representativos de la ‘modernidad’ de Sevilla: una biblioteca de Zaha Hadid en parte de los jardines del Prado.
El Ayuntamiento, que presumía de progresista y verde y decía ser signatario de las cartas internacionales en defensa del medio ambiente urbano, no tuvo el menor reparo en cambiar la calificación urbanística de parte de los jardines en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces en redacción y que fue aprobado en 2006.
Veinte comunidades de vecinos del entorno del Prado iniciaron ya en 2004 la lucha contra la destrucción parcial de la zona verde mediante la presentación de alegaciones al PGOU, que fueron desestimadas por la Corporación Municipal.
El vecindario señaló que había al menos diez ubicaciones alternativas para la biblioteca universitaria sin necesidad de destruir parte de un jardín, pero tanto la Hispalense como el Consistorio hicieron oídos sordos a los argumentos vecinales y siguieron adelante con sus propósitos.
Obras a marchas forzadas
Tras la aprobación del Plan General, la entidades citadas al principio interpusieron ante los tribunales recursos contencioso-administrativos para anular las determinaciones que permitían la construcción del icono arquitectónico de Monteseirín. Pese a ello y al riesgo de un fallo judicial en contra, en vez de esperar a la resolución judicial la Hispalense aceleró los trámites para la obtención de la licencia de obras e incluso acordó con el Ayuntamiento eximirle de cualquier tipo de responsabilidad patrimonial en el futuro en la hipótesis, jamás imaginada, de un revés jurídico.
La Universidad, basándose en que defendía el interés general de la educación frente al supuestamente particular de los vecinos, acometió las obras a marchas forzadas tras una operación de imagen consistente en el trasplante a otros parques y espacios abiertos de la ciudad de los árboles de la zona amputada a los jardines, para tratar de justificar que no destruía el medio ambiente.
Los opositores a las obras, que repetían una y otra vez que no estaban en contra de la biblioteca universitaria sino de que con la excusa de la misma se eliminara una parte de un jardín que había costado años y dinero materializar para el disfrute de los sevillanos y no sólo de los residentes más cercanos a los mismos, argumentaron ante la Justicia que el Prado ha sido históricamente y en su calidad de ejido comunal, un terreno de todos los ciudadanos, un espacio abierto de uso colectivo, tradición continuada con la Feria de Abril hasta su traslado a Los Remedios y posteriormente con los jardines. A su juicio, con la amputación de parte de la zona verde se vulneraba además el artículo 45 de la Constitución Española sobre protección del medio ambiente y el principio de conservación del patrimonio (el Prado de San Sebastián está incluido en el conjunto histórico de Sevilla), además del derecho a la intangibilidad e insustituibilidad de las zonas verdes.
Suelos alternativos
Los vecinos no sólo enumeraron diez emplazamientos alternativos para la biblioteca, sino que también rescataron del olvido una propuesta realizada por la propia Universidad Hispalense en el año 1994, cuando el Ayuntamiento estaba redactando un Plan Especial para el Prado: construir la biblioteca sobre el solar, que sigue estando libre en la actualidad, situado entre la avenida de Carlos V y la calle José María Osborne. Esta iniciativa de la Hispalense demostraba, a juicio de las comunidades de propietarios y la asociación de vecinos de la Huerta de la Salud, que siempre había habido un consenso generalizado en evitar cualquier tipo de construcción sobre el espacio central del Prado y que la Universidad había marcado un terreno alternativo frente a los jardines que aún podía utilizar sin necesidad de destruir zona verde alguna.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a los vecinos, declaró ilegal las obras de la biblioteca, acordó la ejecución provisional de su sentencia el 4 de junio de 2009 y ordenó la paralización de las labores iniciadas al amparo de la licencia otorgada por el Ayuntamiento gobernado por Monteseirín.
Obcecación
La Universidad y el Ayuntamiento en vez de acatar la sentencia, recurrieron ante una instancia superior, el Tribunal Supremo, que ratificó la decisión del TSJA y volvió a fallar a favor del vecindario. En su empecinamiento, la Hispalense y el Consistorio interpusieron nueve recursos de casación ante el Supremo para que reconsiderara su posición. El alto Tribunal se ha extrañado incluso de la obcecación de la Universidad por presentar tantos recursos y no ha entrado en más disquisiciones legales al razonar que como la obra ilegal de la biblioteca había sido expulsada ya del ordenamiento jurídico no cabía reexaminar el caso.
Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó la paralización de las obras en julio de 2009, la Universidad difundió que cada día que pasara sin continuar con los trabajos de construcción le costaría más de 10.000 euros en gastos de conservación y de vigilancia, de lo que se infiere unos costes multimillonarios en los 30 meses transcurridos desde entonces.
Es más, la Hispalense solicitó al TSJA que impusiera una caución a los vecinos por valor superior a los 6 millones de euros, por si el Tribunal Supremo fallaba el recurso de casación a favor de la institución universitaria, una pretensión que fue rechazada. El TSJA entendió que si no se paralizaban los trabajos y se remataba la biblioteca, en el supuesto de que el Supremo desestimara los recursos de casación, la consumación de la construcción sí crearía una situación irreversible.
La última sentencia del Supremo, contra la que ya no cabe ningún recurso más, aboca a la Universidad a demoler la biblioteca ilegal, una demolición a la que se sigue resistiendo con el intento ahora de que los tribunales sean los que dicten la orden efectiva. Mientras tanto, sigue corriendo el contador de las pérdidas sin que nadie asuma ninguna responsabilidad por un empecinamiento que dura ya más de dos años y medio.
