En rueda de prensa, Puente indicó que estamos "ante un prototipo de empresario muy habitual en Huelva, especulador que se enriquece a costa de los más débiles, en un sector estratégico, que tiene el apoyo de los agentes sociales y de la Administración".
En este sentido, el representante de los ugetistas en Huelva añadió que este tipo de empresarios "están haciendo de Huelva la provincia con más precariedad laboral", así como se preguntó "cuál es el papel de la FOE en este problema" y le pidió una "respuesta inmediata".
Además, Puente consideró que si la intención es vender una empresa "en el paquete debe ir incluida la plantilla, pero ésto no interesa" y denominó todo el proceso de despido y cierre de las instalaciones, que fueron inauguradas en junio de 2008, como "un acto de mala fe, con la intención clara de reírse y aprovecharse de un sector precarizado".
"En unos momentos en los que se lucha por el empleo, es el objetivo común de todos, este empresario no lo comparte", subrayó. Por su parte, el delegado de personal del centro, Javier Muriel, indicó que "es una pena que un proyecto tan bonito se haya convertido en todo lo contrario y cree deudas y mala imagen de Mazagón".
Además, Rusillo aseguró que hoy recibió una llamada de la empresa que aseguraba que "hay dinero disponible para pagar durante el mes de abril" y añadió que este despido colectivo "puede ser nulo porque un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) necesita que sea avisado con 30 días de antelación e incluso han despedido al delegado de personal, algo que no es posible".
Hay que recordar que la empresa no acudió ayer al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), donde estaba citada junto a los trabajadores, que tenían previsto convocar una huelga para los días 9, 10 y 11 de abril.
En declaraciones a Europa Press, Manuel Rusillo apuntó que esta convocatoria de huelga "fue desconvocada al recibir la plantilla sus cartas de despido" y añadió que la empresa debe las nóminas desde el mes de diciembre, "por lo que tomó la solución más drástica, despedir a todo el mundo".
El sindicato aseguró así que mostrará su apoyo a los trabajadores "para que reclamen estas cantidades y se denuncie por despido improcedente", ya que calculan que debe, aproximadamente, "unos 100.000 euros en nóminas".
Sobre el cierre del hotel antes de la temporada vacacional de Semana Santa y de la temporada estival, Rusillo defendió que "no tiene sentido, es algo incomprensible, más aún cuando en la temporada considerada mala es uno de los que más ha trabajado en Mazagón".
