La Gerencia del Área Sanitaria de Osuna, que ahora ocupa Belén Lozano, ha asegurado que la administrativa del Ayuntamiento de La Lantejuela, que prestaba sus servicios en el centro de salud de la localidad, sólo tuvo acceso a los datos administrativos de los ciudadanos y no a la historia clínica de los pacientes, asegurando que la responsabilidad de otorgar ese perfil administrativo en Diraya fue de la Subdirección de Tecnologías y no el que fuera director económico-financiero, Casto Ortiz Montaño, según un informe al que ha tenido acceso Viva Sevilla.
La Gerencia contesta así a los numerosos escritos que la Plataforma del Área Sanitaria de Osuna realizaba a este organismo reclamando la destitución del que fuera director económico-financiero y posteriormente Jefe de Servicios, Casto Ortiz Montaño, cargos de los que ha sido cesado, el primero en julio de este año y, el segundo, el pasado 19 de diciembre, coincidiendo con la apertura de una nueva investigación por parte de la Oficina Antifraude de Andalucía (OAAF) que afectaba, al menos eso se pensaba, a este cargo del SAS, ahora de baja médica y con polémica. Ortiz es el centro de un primer expediente, en el que se le acusan de varias irregularidades por fraccionamientos de contratos, procesos selectivos y cobro de nóminas complementarias indebidas
Así, la gerente Belén Lozano explica en el informe que se ha remitido al Defensor del Pueblo, en primer lugar, que Ortiz Montaño “fue cesado como Director Económico Administrativo y de Servicios Generales del AGS de Osuna con efectos del pasado 18/07/2023”, cargo del que exigían su destitución desde hacía casi dos años, petición que no había obtenido respuesta la Plataforma, que aglutina a personal sanitario de la zona, a pesar de los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz al que habían tenido que acudir ante el silencio del SAS y de la AGS (Área de Gestión Sanitaria) de Osuna.
Sobre el acceso a los datos de la empleada municipal de La Lantejueja, del que también reclamaba información la Plataforma, la Gerencia del AGS de Osuna aclara que el Ayuntamiento de este municipio y la Gerencia “suscribieron prórroga del convenio de colaboración por el arrendamiento del consultorio local de la localidad de Lantejuela (Sevilla) en fecha de 31-12-2013, entre cuyas cláusulas se estipuló que el consistorio se comprometía a ejecutar a su cargo el personal administrativo, y el AGSO se comprometía a sufragar el suministro de electricidad, limpieza del centro y mantenimiento del inmueble”.
Explica el informe que, en el contexto de este acuerdo, “se instó desde el AGSO y la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (STIC) del Servicio Andaluz de Salud autorizó, la configuración de un perfil administrativo en DIRAYA del personal administrativo del consultorio de salud”.
“Con un perfil administrativo en DIRAYA solo se tiene acceso a los datos administrativos del ciudadano (nombre, apellidos, DNI, domicilio…), pero no se tiene acceso a los datos de salud de los pacientes, por lo que la trabajadora del consultorio de salud de La Lantejuela no tiene autorización para acceder a las Historias de salud de los pacientes ni a datos sanitarios o clínico asistenciales”, aclara el escrito.
Y aclara además que “la autorización del perfil administrativo en DIRAYA de es efectuada por el órgano competente para ello, esto es, la Subdirección de Tecnologías de la información y las comunicaciones (STIC) del Servicio Andaluz de Salud, y no por la Dirección Económica Administrativa y de Servicios Generales del AGS de Osuna”, que ocupaba en ese momento Casto Ortiz, aclarando una de las incógnitas que Antifraude estaba investigando.
El escrito añade que la actual Gerencia ha iniciado los trámites “para que en los centros de salud del AGS de Osuna únicamente presten servicios profesionales (personal de gestión y servicios) con nombramiento y vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, salvo aquellos casos de trabajadores de empresas adjudicatarias de contratos del sector público”.
La investigación de la OAAF
Antifraude abrió el pasado 30 de noviembre un nuevo procedimiento de investigación e inspección contra el Área de Gestión Sanitaria de Osuna, para averiguar si personal ajeno al SAS trabajaba en el Centro de Salud de La Lantejuela y, además, había acceso a datos clínicos de los pacientes.
Según esta resolución, existía un convenio entre el Ayuntamiento y el Área de Gestión Sanitaria de Osuna para la cesión y mantenimiento del inmueble en el que se ubica el centro de salud, además de “personal para el ejercicio de labores de administración, existiendo varios informes desfavorables de la Intervención”.
A pesar de ello, una trabajadora municipal, ajena al SAS, realiza labores administrativas en el centro de salud e incluso accede a las “bases de datos sanitarias”, con autorización de acceso a la aplicación MACO para entrar en el portal Diraya, con lo que tiene acceso a la historia clínica de los pacientes.
El expediente, en concreto, trataba de delimitar “si personal ajeno al SAS está accediendo a datos de los pacientes y, en particular, a aquellos que tengan incidencia en la historia clínica de los mismos”, y añade que investigaba si la trabajadora del Ayuntamiento “está legitimada para desempeñar sus funciones como personal administrativo en el centro de salud, ocupando un puesto de la plantilla del SAS” a partir de los convenios suscritos entre el Ayuntamiento y el Área de Osuna.
